Trabajadores de Boyacá encadenados en MinEducación harían huelga de hambre
Cuatro días y 3 noches llevan encadenados empresarios de Boyacá en ese Ministerio para exigirle al gobierno apoyo para que la firma G19 les pague.
Foto de referencia / Colprensa
Tunja (Colombia)
El consorcio G19 contratado por el ministerio para la construcción de colegios públicos, nunca les pagó, y hoy los tiene en la quiebra; el consorcio también le incumplió al Ministerio de Educación, y a los colombianos, pues nunca finalizó las obras de los colegios para las cuales fueron contratados por el estado.
El Ministerio de Educación a través del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE) , le otorgo el contrato de construcción y ampliación de más de 500 colegios en todo el país al consorcio G19, de los cuales, 27 están en Boyacá.
Esa empresa, subcontrato a profesionales de la construcción: ingenieros, arquitectos, proveedores de maquinaria, de insumos para la construcción y todo tipo de mano de obra para adelantar las obras.
Sin embargo, y pese a que los subcontratistas cumplieron, el consorcio g19 resultó incumplido y moroso con todas las partes: no le pagó a nadie, y por supuesto, tampoco cumplió con el contrato oficializado con el gobierno nacional.
Por eso, el Ministerio de Educación Nacional y el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE) tuvieron que aplicar los mecanismos contractuales correspondientes que dio lugar a la terminación anticipada por incumplimiento de los contratos con la firma G19, que tenía asignada la construcción o ampliación de 27 colegios en Boyacá, para poder iniciar el proceso para reasignar estas obras y así lograr su culminación.
Y es que G19 dejó millonarias deudas a sus proveedores subcontratados en Boyacá y Santander. Veinte de ellos, en representación de al menos 200 víctimas de G19, desesperados decidieron encadenarse frente al ministerio de Educación en Bogotá desde el pasado miércoles 6 de julio.
No se han movido de ahí desde entonces: a la intemperie, con lluvia y el frio de la madrugada, e improvisando un campamento en la puerta del ministerio, han pernoctado allí cuatro días, y a esta hora permanecen protestando de manera pacifica para intentar recuperar algo de lo que les deben de su trabajo.
Sin embargo, parecen invisibles ante los ojos del ministerio, y aunque delegados del mismo gobierno nacional los citó para realizar mesas de trabajo para hacer acuerdos de pago, los dejaron plantados, y todavía están esperando que alguien asuma responsabilidades sobre un contrato de más de $230.000 millones de pesos adjudicado a la firma G12.
Los trabajadores, exigen que la ministra de educación saliente María Victoria Angulo, les de la cara, que alguien de la comisión de empalme de los gobierno de Iván Duque y Gustavo Petro les preste apoyo, y para lograrlo, dicen estar dispuestos hasta a aguantar hambre desde este fin de semana.
Diego Chaparro, uno de los voceros de los trabajadores que adelantan la protesta pacifica, aseguró que su desilusión es extrema pues el ministerio de educación no solo los dejó plantados en una cita acordada para llegar a acuerdos de pago, sino que ya dos de sus compañeros de protesta tuvieron que ser llevados a un hospital en medio de a jornada de huelga.
“Señora ministra María Victoria Angulo, le hablamos a usted: si usted no se sienta a escucharnos, para brindarnos desde el ministerio el apoyo que como trabajadores necesitamos, debido a que somos víctimas de un contrato que ustedes le dieron a una firma tramposa, y que ustedes tenían que vigilar, vamos a iniciar una huelga de hambre. Estamos disponibles para conversar donde y a la hora que usted diga, por eso, nuestra salud e integridad la ponemos en sus manos. Si no nos responde, comenzaremos la huelga de hambre aquí en la entrada de su ministerio desde este sábado 9 de julio de 2022, pues las deudas y la quiebra a la que nos llevó estos proyectos del estado, nos tienen desesperados, usted es la única responsable de nuestra vida de ahora en adelante ministra”, sostuvo Chaparro en diálogo con Caracol Radio.
Aseguran que permanecerán protestando hasta que tengan la atención que requieren, y le piden a los entes de control, intervenir en este caso, pues aseguran que a partir de su caso pueden destaparse situaciones de corrupción y detrimento patrimonial dentro de otras irregularidades que involucran los recursos de los colombianos.
