Casa de la mujer en Tunja celebra que los médicos no puedan denunciar a mujeres que aborten
Además insisten en que se persigan centros de aborto clandestinos en Boyacá, departamento donde según la Fiscalía se investigan más casos por abortos.
Casa de la mujer en Tunja celebra que los médicos no puedan denunciar a mujeres que aborten(Colprensa/Archivo)
Tunja (Colombia)
En Colombia, se adelantan 1.143 investigaciones por el delito de aborto, en lo reportado hasta abril de 2016. La mayoría de estos procesos se realizan en Boyacá según la fiscalía, la cual advirtió que las denuncias de médicos en contra de quienes se practiquen un aborto, violan el secreto profesional y por tanto no tendrán validez.
Dicha decisión tuvo buen recibo en Boyacá, pero las defensoras de los derechos de las mujeres insisten en que no se puede criminalizar el aborto en el país, y piden a la fiscalía que se persiga a centros de aborto clandestinos
Astrid Castellanos directora de la Casa de la Mujer de Tunja, dijo en Caracol Radio que “no se puede criminalizar el aborto cuando hay tanta problemática, cuando a las mujeres no se les atiende de manera adecuada en las EPS, y porque además la mujer es libre de elegir o no la maternidad, así que no hablamos de aborto sino de interrupción voluntaria del embarazo”.
Agregó que “en lo que sí estamos de acuerdo es que hagan investigaciones contra estos sitios clandestinos de aborto, donde no hay procedimientos idóneos y que si atentan contra la vida de las mujeres”, señaló Castellanos.
Mientras tanto avanza el proyecto que el ex fiscal Eduardo Montealegre que dejó en manos del Congreso la pretensión de la despenalización del aborto en todos los casos, sin que supere el sexto mes de gestación.
Las defensoras de mujeres en Boyacá, región donde más se investigan delitos por aborto, esperan que este sea aprobado.
Por su parte, Montealegre y sus asesores diseñaron una hoja de ruta para asumir este tipo de procesos, un abanico de oportunidades de interpretación para que cada fiscal determine si es necesario abrir una investigación, precluír o archivar las que ya estén en curso.
El objetivo, en este caso, es evitar la apertura de procesos que más adelante y ante los jueces o magistrados se conviertan en un desgaste para la justicia y una re victimización de las mujeres.
