Hallazgos de la Contraloría por $23.000 millones, en manejo de regalías en La Guajira
Uno de los hallazgos se detectó en la Gobernación del departamento, donde un contratista pagó gastos permanentes con estos recursos.
(Colprensa/Archivo)
El ente de control revisó una muestra de contratación efectuada por la Gobernación de La Guajira con recursos de regalías y encontró aumentos injustificados de plazos, deficiente labor de interventoría y obras inconclusas que no prestan el fin social que tenía la inversión realizada.
Entre los 22 hallazgos con presunta incidencia fiscal por $23.564 millones, uno de los destacados se produjo en la Gobernación de La Guajira, en donde un contratista pagó con recursos de las regalías gastos permanentes como arriendos, servicio de restaurante, alojamientos, peajes, gasolina y gastos de papelería.
Con los dineros públicos también se pagaron también honorarios de personal directivo y asesor de la firma contratista, servicios de vigilancia y gastos de caja menor.
Aunque la ley prohíbe cubrir esta clase de gastos con los recursos de regalías, la Gobernación argumentó que algunos gastos tenían límite temporal, otros eran necesarios y algunos correspondían a gastos de administración e interventoría.
Las irregularidades también se identificaron en diferentes sectores, un hallazgo por $1.713 millones en el municipio de Manaure, en la construcción del acueducto y alcantarillado, obra que hoy no cumplen su propósito y además a la fecha están abandonadas.
En Hatonuevo, se evidenciaron dos hallazgos que ascienden a $1.853 millones, por la mala calidad de obra en la pavimentación de vías urbanas y otro por deficiencias en la obra para el eje educativo cultural del municipio.
El hallazgo por mayor valor por $10.858 millones, se produjo en el municipio de Riohacha, por la construcción del acueducto y alcantarillado del corregimiento de Camarones, que reportó falta de permisos ambientales y de requisitos en la Fase III del proyecto, así como actos expedidos por el Ministerio de la Protección Social que permiten concluir que la calidad del agua no es apta para el consumo humano.
En el sector de educación se encontró un hallazgo por $3.865 millones, por incumplimiento contractual de parte del interventor y soportes incompletos en el contrato 236 de 2013.
