Más del 60% de la cartera hospitalaria está en mora: ¿están preparadas para enfrentar un siniestro?
Uno de los mayores problemas en este contexto es que las instituciones de salud suelen limitarse a suscribir una póliza sin auditar si las coberturas corresponden a los riesgos reales de su operación, lo que termina comprometiendo su continuidad operativa.
Referencia hospitales / Foto: Getty Images
El sector salud en Colombia enfrenta una coyuntura crítica. Mientras las cuentas por cobrar de clínicas y hospitales superaron los 27,8 billones de pesos al cierre del primer semestre de 2026 (con más del 60% en mora y varias EPS intervenidas), según el informe de cartera de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), los desafíos legales e institucionales son cada vez más complejos, pues aunque una clínica cuente con pólizas vigentes, puede no estar preparada para responder ante una demanda, un incendio, un terremoto o un ciberataque.
Lo más grave es que en estas situaciones múltiples directivas evalúan la optimización de costos mediante el recorte de sus pólizas de seguros, incrementando deducibles o eliminando coberturas.
Sin embargo, para Alejandro Gaviria, líder de cuentas corporativas de Solutio , dijo que esta decisión puede resultar crítica: “Una institución con caja sana puede absorber una pérdida no asegurada, pero una entidad sin liquidez no tiene cómo hacerlo. En una clínica que ya opera con la cartera vencida, un siniestro que no se transfirió termina convertido en una crisis corporativa”.
Por este motivo, la firma ha implementado un sistema diseñado para anticiparse a estos escenarios; un modelo que ya han adoptado más de 80 instituciones de salud en todo el territorio nacional, abarcando clínicas privadas, hospitales públicos, empresas sociales del Estado e IPS especializadas.
La directiva explica que se trata de la Gestión Integral de Riesgos en Salud (GIRS), un modelo que no busca ofrecer pólizas predeterminadas, sino ejecutar una auditoría integral de la operación clínica.
Este enfoque abarca desde la evaluación de áreas críticas (como urgencias, obstetricia y oncología) hasta el análisis de vulnerabilidad del equipamiento frente a ciberamenazas y fenómenos sísmicos, un riesgo validado en agosto de 2026 cuando un terremoto generó reclamaciones nacionales por 1,2 billones de pesos.
Esta metodología resulta fundamental, ya que a los desafíos legales y financieros cotidianos se suma la exposición operativa: una falla en un equipo de radioterapia genera sobrecostos, un evento sísmico puede paralizar una sede y un ataque informático compromete datos sensibles, obligando al sistema a operar bajo contingencia.
Para Gaviria, uno de los mayores problemas en este contexto es que las instituciones suelen limitarse a contratar una póliza sin auditar si sus condiciones corresponden a los riesgos reales de su operación. “En ese sentido, el mayor riesgo que vemos en las clínicas no está en el quirófano, sino en el clausulado”.
La diferencia en estos casos puede ser decisiva. Por ejemplo, una póliza de responsabilidad civil médica puede establecer un límite global compartido entre todos los servicios de una institución.
Si una reclamación consume una parte considerable de ese límite, se reduce el monto disponible para atender otros eventos. Asimismo, es posible que la cobertura no incluya a especialistas contratados por prestación de servicios, residentes o personal vinculado mediante terceros, aun cuando intervengan en la atención de los pacientes.
“La gestión de riesgos tiene una dimensión que va más allá de proteger el patrimonio de una institución. Cuando un equipo deja de funcionar o una sede debe cerrar temporalmente, las consecuencias también recaen sobre los pacientes, quienes pueden enfrentar remisiones, retrasos en sus tratamientos o interrupciones severas del servicio”, asegura Alejandro Gaviria.
En consecuencia, la protección integral de una clínica no depende únicamente de contratar pólizas de responsabilidad civil médica o de daños. También exige auditar las condiciones de sus contratos, mantener actualizados los valores asegurados, documentar los eventos adversos, blindar la protección de la información y estructurar protocolos para responder eficazmente ante cualquier contingencia.