Aumentan acciones violentas contra habitantes de calle
Juristas advierten fracaso en la política de atención
Habitantes de calle desprotegidos en Cúcuta / Foto Archivo
Cúcuta
El reciente asesinato de una mujer habitante de calle en inmediaciones del Canal Bogotá volvió a poner sobre la mesa el debate sobre la desprotección de esta población y los resultados que se esperaban frente a los proyectos impulsados por la administración municipal durante sus tres años de mandato que se han quedado sin resultados reales en las calles.
Desde el sector jurídico y social advierten que la ciudad ni siquiera cuenta con una caracterización actualizada que permita dimensionar la magnitud del fenómeno, pues el último reporte del DANE dió 1.200 registros, mientras las estimaciones reales duplican esa cifra.
“Aunque el alcalde habló de que la población habitante de calle era una de sus cinco prioridades en su alcaldía, ya podemos decir, terminando el tercer año, que hay muchos fallos, o quizás me animaría a llamarlo un total fracaso… En el tema de la cifra, no hay claridad, pues las cifras que ahorita se manejan hay que estimarlas más o menos entre 2.500 y 3.000 habitantes de calle, sin que sean oficiales porque la alcaldía tampoco tiene una cifra oficial, aparte de eso, ya hace un tiempo no existe ni siquiera el centro habitante de calle que referenciamos frente a la terminal, que desde principios del año pasado no funciona y está inoperante, entonces hay fallas por todos lados, no hay cifras, no hay pronunciamientos, no hay centros, no hay nada”, afirmó el abogado y defensor de derechos humanos, Carlos Muñoz.
Referente a los asesinatos no esclarecidos contra esta población, el defensor aseguró que estos hechos se concentran principalmente en los sectores del centro de la capital o las comunas 1 y 10, zona donde ocurrió el reciente crimen.
A esto se suman las constantes denuncias de madres que reportan la desaparición de sus hijos en el centro de Cúcuta sin que exista claridad sobre si estas cifras están siendo contabilizadas dentro de las estadísticas oficiales de violencia o si terminan en inhumaciones de cuerpos por falta de reclamación.
Para los analistas, el principal error de la Alcaldía de Cúcuta radica en abordar una problemática de salud pública como un asunto de seguridad, además de haber clausurado espacios básicos de acogida bajo argumentos administrativos.
“Errores hay varios, primero, considerarlos como un tema de seguridad, ya estamos cansados de que eso sea una falsa solución, porque al habitante de calle hay que atenderlo desde una salud mental y una salud física integral, para no solo desintoxicarlo si tiene problemas de droga, sino además buscarle el núcleo de apoyo… Yo creo que aquí es muy grave la concepción que está teniendo la alcaldía, porque ellos cierran el centro habitante de calle diciendo que lo estaban tomando como un hotel porque venían, dormían y se bañaban, bueno, eso se llama atención primaria en salud y reducción de riesgos y daños”, cuestionó Muñoz.
Asimismo, advirtió que cerca del 50 % de los habitantes de calle que permanecen en Cúcuta son ciudadanos procedentes de Venezuela, una realidad que exige de manera urgente una articulación institucional entre la administración local y el Gobierno Nacional para diseñar rutas de atención transfronterizas que hoy son inexistentes.
Con este llamado, las organizaciones defensoras de derechos humanos exigen que se replantee de fondo la política pública social en Cúcuta, reactivando de manera inmediata los centros de atención prometidos y que se rinda cuentas de lo que pasó realmente con lo aprobado para estos 4 años de mandato.