Los cuestionables precios del contrato antidrones de la Gobernación del Meta

Mientras los grupos armados ilegales intensifican sus ataques con drones, la compra de sistemas antidrones por parte de entidades públicas está bajo escrutinio. Caracol Radio revisó en SECOP II el contrato 3973 de 2023, que la Gobernación del Meta firmó el 22 de diciembre de ese año con la Red Summa por $5.069.667.225.

El contrato se adjudicó por contratación directa una particularidad que llevó a esta emisora a contrastar sus precios con los de proveedores reconocidos del mercado. La Red Summa, NIT 901417108-6, no registra experiencia en sistemas antidrones y ha se le ha vínculado con otra firma dedicada a intermediar contratos llamada Aldesarrollo.

Los metadatos de los dos archivos PDF de la propuesta de la Red Summa publicados en SECOP registran como autor a “BRAYHAM PENA CORREDOR”. Los archivos se crearon el 21 de diciembre de 2023 a las 19:08 y a las 20:05. Brayham Peña Corredor era contratista de la Gobernación en ese mismo proceso.

Firmó como “Profesional Especializado CPS – Formulador” la solicitud de cotización, que se envió únicamente a la Red Summa. También figura como quien “proyectó técnicamente” los estudios previos y quien “proyectó” la solicitud del certificado de disponibilidad presupuestal. Ese 21 de diciembre el proceso se publicó a las 19:00, el plazo para ofertas cerró a las 20:00 y la Red Summa fue seleccionada a las 21:44. El campo de autor de un PDF muestra el usuario configurado en el equipo donde se creó el archivo.

En la propuesta, una cámara Vosker V300 aparece cotizada en $223.492.500, unos USD 56.601 según la tasa de cambio de esa fecha. En la tienda oficial de Vosker, ese modelo tiene un precio de lista de USD 349,99 y uno de oferta de USD 249,99; en Best Buy cuesta USD 297,99. El valor cobrado equivale a unas 162 veces el precio de lista, o a unas 136 veces si se le suma el IVA. Los precios de referencia se consultaron en noviembre de 2026.

El texto del contrato incluye una exigencia ajena a su objeto. Tanto los estudios previos como la cláusula sexta de la minuta condicionaban el pago a un “acta de recibo a satisfacción suscrita por el representante del ICBF en el Centro Especializado el Yarí”. El contrato no tenía relación con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. La exigencia se mantuvo durante seis meses, hasta que la modificatoria 1, del 28 de junio de 2024, la reemplazó por la firma del “beneficiario final”.

El análisis del sector que sustenta el proceso tiene problemas parecidos: incluye párrafos sobre panadería, papelería, avicultura y filtración de agua del INPEC, y repite errores de digitación de la cotización de la Red Summa.