Gobierno propone reconocer deudas históricas con el sistema de salud y redefinir solvencia de EPS

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El futuro financiero del sistema de salud colombiano vuelve a estar en el centro del debate luego de que se conociera la propuesta del Plan Nacional de Desarrollo que contempla una estrategia para sanear las deudas acumuladas, fortalecer la solvencia de sus actores y establecer mecanismos que permitan garantizar la continuidad de la atención a los pacientes.

Uno de los puntos más relevantes es la posibilidad de reconocer las obligaciones económicas que tiene la Nación con el sistema, en medio de los cuestionamientos que ha hecho la Corte Constitucional sobre la suficiencia de los recursos destinados a financiar la atención en salud.

“Establecer un mecanismo excepcional para evaluar y reconocer obligaciones de la Nación con el Sistema General de Seguridad Social en Salud y definir condiciones de pago y criterios de priorización y distribución de acreencias entre EPS, prestadores y proveedores”, indica el borrador del PND del gobierno de Abelardo de la Espriella.

La propuesta adquiere especial importancia por los pronunciamientos de la Corte Constitucional frente al cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), particularmente por los rezagos de años anteriores y la necesidad de garantizar que los recursos reconocidos por cada afiliado sean suficientes para financiar los servicios de salud.

Nuevas reglas para las EPS intervenidas

Otro de los componentes centrales de la propuesta tiene que ver con la situación financiera de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), especialmente aquellas que actualmente se encuentran bajo medidas de intervención de la Superintendencia Nacional de Salud.

El documento plantea la necesidad de redefinir los criterios con los que se evalúa su solvencia financiera. En concreto, propone redefinir criterios de solvencia de reservas técnicas para las EPS.

“Regímenes especiales para EPS e IPS intervenidas o en riesgo de insolvencia, orientados al saneamiento financiero, la gestión de pasivos y la continuidad de servicios”, indica el documento.

Este punto resulta determinante porque pone sobre la mesa el futuro de las EPS intervenidas: cuáles tienen posibilidades de recuperación financiera, cuáles podrían continuar bajo medidas especiales y qué decisiones se deberán tomar frente a aquellas que no logren cumplir las condiciones de solvencia.

La propuesta también contempla fortalecer las facultades de la Superintendencia Nacional de Salud para vigilar la situación financiera de sus entidades supervisadas.

Hospitales y clínicas: ¿cómo se pagarían las deudas?

El saneamiento financiero también busca aliviar las obligaciones acumuladas con los prestadores de servicios de salud y los proveedores.

“Desarrollar mecanismos de garantía, pago de deudas e instrumentos de liquidez para cumplir obligaciones con prestadores, proveedores y otros actores”, indica el PND.

La intención es establecer herramientas que permitan mejorar el flujo de recursos y evitar que las dificultades financieras de las aseguradoras terminen afectando la operación de hospitales y clínicas o la atención de los pacientes.

Adicionalmente, el documento plantea fortalecer la auditoría y la recuperación de los recursos del sistema administrados por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES).

El antecedente de la Corte Constitucional sobre la UPC

La propuesta del Plan Nacional de Desarrollo llega en medio de una discusión que lleva varios años que apunta a que insuficiencia de los recursos que el Estado para financiar la atención de los afiliados al sistema de salud.

En el Auto 007 de 2025, la Corte Constitucional declaró el incumplimiento general de las órdenes relacionadas con la suficiencia de la UPC y declaró insuficiente la correspondiente a 2024.

Además, ordenó revisar los rezagos en el cálculo de esta unidad desde 2021 y evaluar los reajustes correspondientes a las vigencias 2021, 2022 y 2023.