Proyecto de Ley de Rescate Fiscal podría generar más de $900 mil millones anuales a redes criminales
Un estudio de la Universidad de los Andes advierte que aumentos excesivos en el impuesto al tabaco pueden generarle al mercado ilegal crecimientos superiores al 90 %.
| Foto: Getty Images / Douglas Sacha
El proyecto de ley de Rescate Fiscal del Gobierno nacional contempla un recaudo de 77 billones de pesos como parte de un esfuerzo para financiar el Presupuesto General de la Nación para el año fiscal 2027. Algunas de las propuestas de recaudo planteadas en el mismo incluyen aumentos en la tasa de impuestos para productos de la canasta familiar, licores y el tabaco.
El aumento en este último, advierten expertos, podría tener efectos adversos tanto en la lucha contra las rentas de redes criminales a nivel nacional, como en los recursos destinados a la promoción del salud y deporte provenientes de su venta.
Así lo expresa el estudio Impuestos al cigarrillo, contrabando, recaudo fiscal e ingresos del crimen organizado, elaborado por el economista Daniel Mejía, profesor titular de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes y exsecretario de Seguridad de Bogotá. El mismo analiza, a partir de un modelo económico integrado, los efectos de la política tributaria sobre salud pública, finanzas territoriales y seguridad.
La conclusión inicial del documento es que aumentar la tasa del impuesto al consumo de tabaco del 5 % actual (en la práctica alrededor de $4.400 por cajetilla) al 19 % (efectivos $11.200) haría que el mercado ilegal pase de representar el 38 % de las ventas de cigarrillos a nivel nacional a representar entre el 90 y 95 % de las mismas
Producto de ese gran aumento de consumo por vías ilegales, el modelo económico utilizado por Mejía predice que el recaudo fiscal total proveniente de la venta de tabaco en Colombia caería hasta un 75 %, generando un efecto contrario a lo que la Ley busca generar.
Más allá de las finanzas nacionales, ese recaudo también dejaría de percibirse a nivel departamental, entendiendo que el cigarrillo es objeto de un gravamen específico a su consumo, cuyo recaudo se destina para financiar el aseguramiento en salud, la red hospitalaria pública y programas de promoción al deporte. “Parte del espacio fiscal que los entes territoriales pierden no desaparece; se transforma en rentas ilegales para las organizaciones criminales”, concluye el análisis.
En cuanto a las rentas de las organizaciones criminales participantes en el contrabando de cigarrillos, las proyecciones estiman que sus ingresos podrían multiplicarse sustancialmente. “Si el impuesto específico aumentara a un nivel de $ 11.200 por cajetilla, las rentas ilegales que perciben los grupos criminales pasarían de un nivel cercano a los $395 mil millones estimados bajo el nivel actual del impuesto, hasta un nivel superior a los $900 mil millones”, afirmó Mejía.
La mayor rentabilidad de ese negocio ilegal estaría asociada al aumento de la diferencia de precios entre los cigarrillos legales y los de contrabando, que se volverían más atractivos para los consumidores.
El estudio explica que este fenómeno responde a un punto de inflexión en la relación entre impuestos y recaudo: aunque inicialmente los aumentos en la tarifa permiten obtener mayores ingresos por cada cajetilla vendida, llega un nivel en el que la pérdida de consumidores del mercado legal supera los beneficios del incremento. Según el modelo, ese umbral se encuentra alrededor de los $4.100 por cajetilla en Colombia, por debajo de los $4.446 que se cobran actualmente. Es decir, el país ya llegó a su punto máximo.
Ante estos resultados, Mejía advierte que las políticas tributarias sobre el tabaco no pueden formularse suponiendo que la totalidad de su consumo ocurre dentro del mercado legal. Entre las recomendaciones de la investigación se encuentran evitar incrementos abruptos de los impuestos, fortalecer las capacidades de la DIAN, la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y las entidades territoriales para combatir el contrabando, y mejorar el control sobre sus rutas y centros de distribución.
También se propone incorporar explícitamente el impacto sobre las rentas criminales en los análisis que sustentan las decisiones tributarias y los debates legislativos.
“Subir los impuestos a los cigarrillos puede ser deseable desde un punto de vista de salud pública, pero sólo es sostenible si se hace sin empujar el sistema hacia la parte descendente del recaudo y si se reduce simultáneamente la rentabilidad del negocio ilegal”, concluye Mejía.