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Gobierno reiteró que no administra donaciones del sector privado para atención del terremoto

El vocero de la Presidencia de la República entregó un balance de algunos recursos que se han invertido para la reconstrucción.

Presidente De la Espriella durante anunció del Fondo Milagro y su entrada en operación.

Presidente De la Espriella durante anunció del Fondo Milagro y su entrada en operación.

Presidente De la Espriella durante anunció del Fondo Milagro y su entrada en operación.

El Gobierno Nacional comunicó este domingo que avanzan las inversiones a través del Fondo Milagro para atender los estragos dejados por el terremoto del pasado 10 de agosto, que está punto de cumplir tres meses.

Ante los cuestionamientos ciudadanos, particularmente por el papel de la fundación de la primera dama, Ana Lucía Pineda, el vocero de la Presidencia, Miller Soto, dijo que las donaciones entregadas por el sector privado son administradas de forma independiente por las propias organizaciones aportantes, mientras que los dineros públicos se ejecutan bajo los filtros y mecanismos tradicionales del Estado.

Así las cosas, explicó, esos aportes no van al Fondo Milagro ni al Presupuesto General de la Nación.

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También señaló que el grueso de los recursos oficiales tiene como prioridad la crisis habitacional generada por el sismo. De acuerdo con las cifras que entregó Soto, la administración destinó una partida cercana a los $332.000 millones para intervenir un total de 7.385 viviendas que sufrieron daños parciales o totales durante la emergencia.

La estrategia de reactivación también busca rescatar el comercio en las zonas más golpeadas. En este frente, el Ejecutivo asignó $4.600 millones en incentivos directos para oxigenar la economía de 920 pequeños comerciantes, además de comprometer más de 50.000 millones de pesos exclusivamente para labores de demolición controlada y segura de estructuras que aún representan un peligro inminente.

Pese a los anuncios y a las cifras billonarias sobre la mesa, la gran prueba de fuego para la administración será cumplir con la promesa de no dejar las obras a medias. Sectores políticos y las familias damnificadas, que cumplen tres meses de incertidumbre, exigen que los recursos se traduzcan en soluciones reales que les devuelvan la seguridad y estabilidad.

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