Ordenar desarchivar proceso por presunta estafa de US$400.000 contra empresaria

Justicia

El juez 48 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá ordenó desarchivar el proceso contra la empresaria Esther Inés Porto Tobías, al encontrar irregularidades en la decisión con la que una fiscal cerró el caso en enero de 2020.

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Una investigación por una presunta estafa de 400.000 dólares, que permanecía archivada desde 2020, deberá retomarse por orden de un juez de garantías de Bogotá.

La decisión favorece a Adriana Angulo Santana, quien denunció a la empresaria Esther Inés Porto Tobías por supuestamente engañarla para que invirtiera los ahorros de su vida en un negocio que nunca se concretó.

En ese sentido, el juez determinó que la entonces fiscal 160 seccional, Beatriz Sierra Cruz, no tenía fundamento jurídico para ordenar el archivo de la actuación, pues para ese momento la empresaria ya había sido acusada y el expediente había avanzado hasta la presentación del escrito de acusación.

La decisión judicial, adoptada el pasado 15 de octubre, advierte que, si la Fiscalía consideraba que no existían méritos para continuar con el proceso penal, debía acudir ante un juez y solicitar la preclusión, en lugar de disponer el archivo de la investigación.

En ese sentido, el juez señaló: “cualquier pretensión de terminación de la actuación por ausencia de mérito para acusar deberá someterse al conocimiento del juez competente mediante la correspondiente solicitud de preclusión”.

La determinación representa un nuevo impulso para Angulo Santana, quien llevaba años reclamando que se investigara lo ocurrido y se resolviera su denuncia.

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El negocio que terminó en una denuncia por estafa

Los hechos se remontan a septiembre de 2014, cuando, según la acusación, Porto Tobías se acercó a la familia de Angulo Santana con una propuesta comercial relacionada con la distribución mayorista de prendas de reconocidas marcas internacionales, entre ellas Zara, Stradivarius y Massimo Dutti.

La empresaria le habría planteado que debía invertir 400.000 dólares para participar en la operación y que, en un plazo de cinco semanas, recibiría una ganancia neta de 402.209 dólares. De esa manera, recuperaría su inversión y obtendría cerca de 800.000 dólares en total.

Sin embargo, de acuerdo con los hechos jurídicamente relevantes incluidos en el expediente, la propuesta habría estado acompañada de afirmaciones que no correspondían con la realidad del negocio.

La Fiscalía señaló que “para inducir en error a la señora Adriana Angulo, la señora Porto Tobías empleó artificios y engaños desde el momento mismo de los acercamientos precontractuales. Durante esa etapa de negociación, la señora Porto Tobías realizó afirmaciones falsas respecto de las condiciones del negocio”.

Entre los señalamientos se encuentra que la empresaria habría asegurado que ya contaba con la mercancía y que las prendas estaban siendo comercializadas con empresas como TJ/Marshall. También habría manifestado que, si la operación no se concretaba, el dinero sería devuelto por una compañía reconocida, con la que supuestamente tenía una relación contractual.

Ante esa propuesta, Angulo Santana entregó los 400.000 dólares.

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Un acuerdo de pago que no se habría cumplido

En julio de 2018, las partes participaron en una audiencia de conciliación de daños ante la Fiscalía. En esa diligencia se suscribió un acuerdo por el cual Porto Tobías se comprometía a pagar 500.000 dólares a la denunciante, mediante varios desembolsos que debían realizarse entre septiembre de 2018 y enero de 2019.

El documento también contemplaba una condición de reserva sobre los hechos del proceso y establecía que, ante un incumplimiento de los pagos, se judicializarían los escritos de acusación y el acta de traslado de la acusación.

No obstante, según la denunciante, el dinero nunca fue reembolsado y tampoco se produjo el juicio, debido a que la entonces fiscal Beatriz Sierra ordenó archivar el expediente en enero de 2020.

La entonces fiscal justificó el archivo al considerar que la denunciante había entregado el dinero sin contar con suficientes garantías documentales para respaldar la operación.

En su decisión escribió que Angulo Santana, “de manera confiada, descuidada e inaceptable decidió entregar una cantidad significativa de dinero, soportada en un borrador informal de un contrato de acuerdo carente de firma y posteriormente en una certificación en inglés expedida al parecer por Viandsu Trading”.

Además, sostuvo que la Fiscalía no había sido creada para cobrar deudas.

La Fiscalía deberá definir si lleva el caso a juicio

Después de varios años sin avances, Angulo Santana acudió al abogado Pedro Aguilar, quien revisó el expediente y cuestionó la legalidad de la decisión de archivo. El jurista llevó el asunto ante el juez de garantías y argumentó que, de acuerdo con el artículo 175 del Código de Procedimiento Penal, la Fiscalía únicamente puede disponer el archivo de una indagación antes de la audiencia de imputación.

En el expediente también quedó consignado el cuestionamiento del abogado a la actuación de la entonces fiscal: “La doctora Beatriz Sierra Cruz, titular de la Fiscalía 160 Seccional, emitió orden de archivo el 22 de enero de 2020. Se afirma que esa decisión fue arbitraria puesto que fue contraria a la razón y a la Ley. Desconoció el acto procesal más importante que marcaba un hito dentro de la actuación: el traslado del escrito de acusación del 27 de julio de 2018”.

Con la orden judicial de desarchivar el expediente, la Fiscalía deberá determinar si continúa con la acusación y lleva a Porto Tobías a juicio o si considera que no existen elementos suficientes y solicita la preclusión ante un juez de la República.