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Contraloría llega al SENA por denuncias de presuntas irregularidades durante el gobierno Petro

El director Fray Ricardo Torres pidió acompañamiento de la Contraloría para revisar los procesos de contratación desde la etapa precontractual hasta la ejecución y el cierre de los contratos, así como el manejo de los recursos públicos. La DIARI instaló un equipo de Policía Judicial en la entidad.

La Contraloría General llegó a la Dirección General del SENA, en Bogotá, luego de que la propia entidad solicitara su acompañamiento para revisar cómo se están manejando los contratos y los recursos públicos. Cabe mencionar que esta petición ya había sido hecha por el actual director, Fray Ricardo Torres, quien busca que el organismo de control participe directamente en la revisión de los procesos que vienen siendo cuestionados por la nueva administración.

La visita se concretó con la instalación de un equipo de trabajo de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) y la apertura de un procedimiento de Policía Judicial. Según explicó Álvaro Arias, coordinador de esta área, las actuaciones contemplan inspecciones técnicas, adquisición de imágenes forenses, entrevistas y recolección de elementos materiales probatorios y evidencia física.

¿Por qué el SENA pidió que la Contraloría llegara a la entidad?

La solicitud tiene que ver con las revisiones que comenzó a hacer la nueva dirección sobre los procesos de contratación y la ejecución de los recursos. Desde que asumió el cargo, Fray Ricardo Torres ha advertido sobre posibles irregularidades que, según las alertas conocidas por la administración actual, se habrían presentado durante la dirección anterior.

Uno de los antecedentes más concretos se conoció el pasado 9 de octubre, cuando el director pidió investigar posibles cobros indebidos a contratistas en Chiquinquirá y otros municipios de Boyacá. También puso sobre la mesa quejas ciudadanas relacionadas con la presunta utilización política de la entidad en ese departamento.

Ante esas denuncias, Torres solicitó un plan especial de auditoría para la Regional Boyacá e invitó a los trabajadores y ciudadanos que tuvieran información sobre posibles irregularidades a acudir a los canales de denuncia. En ese momento, aseguró que los recursos y las decisiones del SENA debían responder a criterios técnicos y no a intereses políticos particulares.

Pero las revisiones no se limitan a esas denuncias regionales. La actual administración también busca examinar los contratos en sus diferentes etapas: desde la planeación y selección de los contratistas, pasando por la contratación, hasta la ejecución de los servicios y el desembolso de los recursos.

Las dificultades para revisar los contratos

Desde la entidad explicaron que hacer esta revisión no ha sido sencillo. Una de las principales dificultades, ha sido conseguir la información que necesitan para verificar los procesos.

Esto ocurre porque el SENA tiene muchos ordenadores del gasto, es decir, funcionarios que tienen responsabilidades en la autorización y manejo de recursos dentro de la entidad. Esa estructura implica revisar numerosos procesos y solicitar documentación a diferentes dependencias y responsables.

Por esa razón, el SENA pidió que la Contraloría no esperara únicamente a recibir un informe consolidado de las auditorías internas, sino que acompañara directamente el proceso desde la entidad. La intención es avanzar en la revisión con el apoyo técnico del organismo de control y facilitar la recopilación de la información necesaria.

Una directriz presidencial también ordenó revisar la contratación

Este proceso se desarrolla, además, en el marco de la Directiva Presidencial 04 del 7 de octubre de 2026, que impartió instrucciones a las entidades del Gobierno nacional para fortalecer la vigilancia de los contratos y garantizar el adecuado uso de los recursos públicos.

La directriz ordenó a las oficinas de control interno revisar los mecanismos de supervisión de los contratos celebrados durante 2026 que se encontraban vigentes al 7 de agosto. Entre los aspectos que deben verificar están los soportes que demuestren que los servicios contratados sí se prestaron, que las obligaciones se cumplieron y que los pagos realizados correspondan a actividades efectivamente ejecutadas.

También establece que los funcionarios responsables de supervisar los contratos deben dejar documentadas sus verificaciones y poner en conocimiento de las autoridades competentes los hechos que puedan representar irregularidades o comprometer recursos públicos.

En ese contexto, el SENA busca que la revisión de su contratación tenga un acompañamiento directo de la Contraloría, mientras continúa con las verificaciones internas que ya había puesto en marcha.

Por ahora, la actuación de la DIARI se encuentra en desarrollo y su plan de trabajo es reservado. La recolección de información y de posibles elementos probatorios permitirá avanzar en la verificación de las alertas presentadas por la dirección del SENA. Será a partir de esas actuaciones que las autoridades podrán determinar si existen irregularidades y si hay lugar a establecer responsabilidades fiscales o de otra naturaleza del gobierno anterior.

Alisson Torres Herrera

Comunicadora Social - Periodista Audiovisual...