Estudiantes y padres protestaron por cierre de colegio solicitado tras caso de Valeria Afanador

Estudiantes, padres de familia y trabajadores del Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe se manifestaron frente a la Gobernación de Cundinamarca para rechazar la solicitud de cierre de la institución, promovida por esa entidad tras el caso de Valeria Afanador. Con la movilización, buscan que las autoridades reconsideren la medida y permitan que el colegio continúe funcionando.

La protesta reúne a integrantes de la comunidad educativa que consideran que el cierre afectaría a cerca de 230 estudiantes, además de las familias y los trabajadores que dependen de la institución. Su principal argumento es que los alumnos no deberían perder su espacio de formación como consecuencia de lo ocurrido.

Salomón Rincón, uno de los padres que participó en la manifestación, aseguró que tiene a sus hijos matriculados en el colegio y que ambos se sienten felices en la institución. Su principal preocupación es que puedan continuar estudiando en un entorno en el que se sienten cómodos.

“No están cerrando un colegio, están cerrándole las puertas a muchas familias”, expresó durante la jornada.

El padre también cuestionó el plazo que, según indicó, tendría la institución para dejar de funcionar. De acuerdo con su testimonio, la fecha límite sería el próximo 30 de noviembre, por lo que pidió a la Gobernación escuchar las solicitudes de la comunidad antes de ejecutar la medida.

¿Por qué la Gobernación solicita el cierre del colegio?

La controversia tiene como antecedente el caso de Valeria Afanador, una niña cuya muerte generó cuestionamientos sobre las condiciones de protección, vigilancia y cuidado dentro de la institución educativa. El caso puso bajo investigación los protocolos que deben garantizar la seguridad de los menores durante su jornada escolar lo que finalizó con la decisión del cierre definitivo.

Los padres que participaron en la protesta reconocen la gravedad de lo sucedido y aseguran que el colegio también ha reconocido el accidente y está dispuesto a responder. Sin embargo, cuestionan que la medida termine afectando a toda la comunidad educativa.

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Rubén Tibaduiza, padre de familia de dos estudiantes y docente de la institución, también participó en la manifestación. Su reclamo se centra tanto en la continuidad educativa de los alumnos como en las consecuencias laborales que tendría el cierre para quienes trabajan en el colegio.

“No desconocemos lo que pasó en el colegio, ni las responsabilidades que se tienen que asumir o por las que tiene que responder la institución. Pero también están vulnerando el derecho de las otras 200 familias que estamos en este momento en la institución”, señaló.

Tibaduiza pidió que la Gobernación escuche a los padres, estudiantes y trabajadores, pues considera que la decisión afecta tanto el derecho a la educación como el derecho al trabajo. Además, destacó que el colegio lleva 25 años aportando a la educación del país y que las familias quieren seguir haciendo parte de esa comunidad educativa.

Otro de los argumentos de los manifestantes es que, después de lo ocurrido con Valeria, la institución adoptó cambios en sus protocolos de seguridad y en las medidas de cuidado de los estudiantes.

Por eso, estudiantes, padres de familia y trabajadores piden a la Gobernación de Cundinamarca reconsiderar la solicitud de cierre y escuchar sus argumentos antes de que se cumpla el plazo.

Hay que tener en cuenta que el cierre no es inmediato; por el derecho a la educación de los alumnos actuales, la medida se hará efectiva al finalizar el calendario académico de 2026. El 30 de noviembre al coincidir con la finalización oficial del calendario académico del año lectivo, esta fecha limita y concluye todo proceso formativo dentro de las instalaciones del plantel.