Juzgado abre incidente de desacato contra gobernador y alcalde por riesgo en colegio de Chiquinquirá
El Juzgado Once Administrativo de Tunja advirtió que persisten los problemas estructurales y sanitarios en la Institución Educativa Técnico Comercial Sagrado Corazón de Jesús, pese a las medidas de contingencia.
El Juzgado 11 de Tunja abrió incidente de desacato contra el gobernador, Carlos Amaya, y el alcalde de Chiquinquirá, Jefferson Caro por el mal estado del plantel.
Chiquinquirá
El Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito Judicial de Tunja abrió un incidente de desacato contra el gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya; el alcalde de Chiquinquirá, Jefferson Leonardo Caro, y dos funcionarios de gestión del riesgo, por el presunto incumplimiento parcial de las órdenes judiciales relacionadas con las condiciones de la Institución Educativa Técnico Comercial Sagrado Corazón de Jesús.
La decisión también cobija a Jaisson Alfredo Carreño, entonces director de la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres de Boyacá, y a Dayana Juliana Rodríguez, directora del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres de Chiquinquirá.
El juzgado reconoció que las autoridades han adelantado acciones para garantizar la continuidad de las clases, entre ellas la reubicación de estudiantes y la restricción del acceso a las zonas peligrosas. Sin embargo, advirtió que estas medidas no han eliminado los riesgos que afectan la sede central, donde persisten el deterioro de las cubiertas, el colapso parcial de techos registrado el 12 de mayo de 2026 y problemas sanitarios por la presencia de palomas.
En el auto, el despacho señaló:
“El Despacho concluyó que, si bien se acreditan gestiones administrativas y medidas provisionales de contingencia, aún no se ha logrado eliminar o mitigar efectivamente la amenaza en el colegio”.
También advirtió que las condiciones de la infraestructura continúan representando un riesgo para la comunidad educativa:
“No se ha garantizado plenamente la protección de los derechos e intereses colectivos cuya salvaguarda se dispuso desde el año 2025. Persiste el deterioro progresivo del sistema estructural de cubiertas y siguen presentándose condiciones de riesgo para la comunidad educativa”.
Frente a la situación, la Gobernación de Boyacá informó que se encuentra formulando un proyecto para la intervención integral y el reemplazo de la cubierta, con un presupuesto preliminar cercano a1.500 millones de pesos.
Como parte de las órdenes impartidas, el juzgado requirió a la Gobernación y a la Alcaldía para que, en un plazo máximo de 10 días, coordinen el retiro y la disposición final de los escombros acumulados tras los derrumbes. También deberán adelantar jornadas de limpieza y desinfección e instalar barreras físicas para evitar el ingreso y la anidación de aves en las zonas afectadas.
Los cuatro funcionarios vinculados al incidente tendrán cinco días, contados desde la recepción de la comunicación, para pronunciarse sobre el presunto incumplimiento y presentar las actuaciones adelantadas.
La rectora encargada del establecimiento educativo fue desvinculada del incidente, luego de que el juzgado estableciera que realizó las gestiones correspondientes a sus competencias, como la reubicación de los estudiantes de primaria en la Institución Educativa Pío Alberto Ferro Peña y la restricción del paso a las áreas de peligro.
La apertura del incidente busca establecer si hubo incumplimiento de las órdenes judiciales. Por tanto, no constituye por sí misma una sanción ni una declaración definitiva de desacato.
Apertura de incidente de desacato
Apertura de incidente de desacato
