ICBF denuncia presiones del CRIC y alerta por atención de más de 9.600 niños en riesgo

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) denunció presuntas amenazas y presiones por parte del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), en medio de una disputa por las condiciones de contratación de los servicios dirigidos a niños y adolescentes. Según la entidad, más de 9.600 menores podrían verse afectados si no se logra un acuerdo que garantice la continuidad de la atención.

El conflicto gira alrededor de los contratos que permiten prestar estos servicios. En un pronunciamiento divulgado este martes 27 de octubre, el ICBF aseguró que el CRIC exige mantener las condiciones actuales de contratación, cuya vigencia termina el próximo 31 de octubre. El Instituto sostiene que los nuevos acuerdos deben cumplir las normas que regulan la contratación pública.

Pues, el ICBF contrata con organizaciones para prestar servicios de atención y protección a la niñez. En este caso, la diferencia está en las condiciones bajo las cuales deben establecerse los nuevos acuerdos con la organización indígena.

Según el Instituto, el CRIC busca mantener las condiciones contractuales actuales. La entidad, por su parte, afirma que debe ajustar los contratos a las disposiciones legales vigentes y que no puede aceptar acuerdos que considere contrarios a ese marco.

Sin embargo, el pronunciamiento del ICBF no detalla cuáles cláusulas específicas busca conservar el CRIC ni qué cambios concretos propone la entidad. Tampoco explica en profundidad las diferencias técnicas o jurídicas que mantienen enfrentadas a las partes. Para comprender completamente la disputa, es necesario conocer la respuesta del CRIC.

¿Qué puede pasar con los más de 9.600 niños?

La principal preocupación es la continuidad de los servicios. El ICBF advierte que, según su versión, el CRIC habría amenazado con dejar de prestarlos si no se mantienen las condiciones actuales de contratación.

Si no se encuentra una salida antes del vencimiento de los contratos, podría haber dificultades para garantizar la atención de más de 9.600 niños y adolescentes.

Esto no significa que los menores ya estén sin atención. Se trata de un riesgo advertido por el Instituto ante la posibilidad de que los servicios no continúen bajo las condiciones actuales. El comunicado tampoco precisa cuáles programas o municipios podrían verse afectados ni si ya se han presentado interrupciones.

¿Qué responde el ICBF frente a las presuntas presiones?

El Instituto rechazó las presuntas intimidaciones y sostuvo que las decisiones sobre contratación y recursos públicos deben ajustarse a la ley. También afirmó que la protección de los niños no puede utilizarse como mecanismo de presión para obtener condiciones contractuales particulares.

Pese al desacuerdo, el ICBF aseguró que mantendrá abiertos los canales de diálogo con el CRIC para buscar una salida que permita garantizar los derechos de los menores sin apartarse de las normas vigentes.

¿Qué falta por esclarecer?

La controversia tiene dos asuntos centrales por resolver: las condiciones bajo las cuales se firmarán los nuevos contratos y las medidas para evitar que los niños y adolescentes queden sin atención.

También falta conocer la versión del CRIC sobre las acusaciones del Instituto, las razones por las que solicita mantener las condiciones actuales y las diferencias concretas frente a la propuesta contractual del ICBF.