“Una víctima pagando su reparación”: Jineth Bedoya denuncia cobros del 20 %
Al cumplirse cinco años del fallo que declaró responsable al Estado colombiano por los hechos de violencia que sufrió la periodista en el año 2000, Bedoya aseguró que el 50 % de las medidas de reparación siguen sin materializarse. Denunció que ha invertido más de $400 millones de su patrimonio y que funcionarios del DAPRE y un operador logístico le habrían exigido el 20 % de los recursos para ejecutar las medidas.
Jineth Bedoya. Foto: (Colprensa - Camila Díaz)
Tras cinco años de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que declaró responsable al Estado colombiano por los hechos de violencia sexual y secuestro que sufrió la periodista Jineth Bedoya en el año 2000, la comunicadora calificó como “agridulce” el balance de su cumplimiento y denunció presuntas irregularidades en la ejecución de los recursos destinados a las medidas de reparación.
En entrevista con Caracol Radio, Bedoya explicó que el fallo ordenó 13 medidas de reparación, entre ellas la creación de un fondo de ayuda para mujeres periodistas, un centro de memoria, un programa trasmedia, un sistema de datos sobre libertad de prensa y la capacitación de funcionarios públicos.
Sin embargo, aseguró que el 50 % de estas acciones todavía no se han materializado y advirtió que ha tenido que asumir parte de los costos con recursos propios.
“Yo he tenido que asumir en gran parte el costo económico de la implementación de esa sentencia”, afirmó la periodista, quien aseguró que ha destinado más de $400 millones de su patrimonio para sostener las medidas de reparación.
Jineth Bedoya denuncia presuntas exigencias del 20 % de los recursos
Uno de los señalamientos más graves de la periodista tiene que ver con la ejecución del presupuesto destinado al Centro Investigativo y de Memoria y a otras acciones de reparación ordenadas por la Corte IDH.
Bedoya aseguró que, en 2024, cuando finalmente se asignaron recursos para el centro, funcionarios del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), junto con el operador logístico de ese momento, le habrían exigido una parte del dinero para poder ejecutar el presupuesto.
“Paradójicamente, funcionarios del DAPRE en ese momento, con el operador logístico de ese momento, me exigieron el 20 % de esos recursos para poder ejecutarlos”, denunció.
“Yo creí que eso era legal, pero hoy a todas luces eso no es legal”, afirmó.
Bedoya también cuestionó lo ocurrido durante la organización de un evento de reparación simbólica realizado el 13 de septiembre en los Montes de María, con el apoyo de la Gobernación de Bolívar. Según su relato, el DAPRE conocía la actividad, que se financiaba con recursos ordenados por la Corte Interamericana, y había aprobado su realización.
No obstante, aseguró que tres días antes del evento recibió una llamada de su productora por parte del operador logístico, quien habría condicionado la actividad al pago de una comisión.
“Faltando tres días para realizar el evento, que fue el pasado 13 de septiembre, el operador logístico que el anterior gobierno eligió por concurso llamó a mi productora y le dijo que si no le daba el 20 % del recurso que estaba destinado para ese evento, sencillamente no había evento”, relató.
La periodista indicó que la actividad tenía un costo de $190 millones y que decidió asumir el dinero para garantizar su realización.
“El evento se hizo, porque yo puse el recurso, ese recurso es 190 millones de pesos, porque yo sí no le voy a quedar mal a las víctimas”, aseguró.
Bedoya afirmó que informó sobre estos hechos a la Procuraduría General de la Nación y al DAPRE, pero sostuvo que no recibió respuesta. También señaló que las personas involucradas fueron denunciadas ante la Fiscalía General de la Nación.
“Si el gobierno anterior o si algunos funcionarios quieren seguir manipulando a las víctimas, pues yo no, porque es que yo soy víctima, soy sobreviviente”, manifestó.
La periodista agregó que actualmente enfrenta otra dificultad, pues, según denunció, le están exigiendo ejecutar los recursos que faltan con el mismo operador logístico al que señaló por las presuntas irregularidades.
“Es el colmo, o sea, es decir, una víctima pagando su reparación”, expresó durante la entrevista con Caracol Radio.
“La misma víctima tenga que autorepararse”
Bedoya sostuvo que ha tenido que recurrir a préstamos bancarios y utilizar sus propios recursos para mantener las iniciativas contempladas en la sentencia. Aseguró que cuenta con los soportes bancarios y las constancias de los préstamos que ha solicitado.
La periodista recordó que la propia Corte Interamericana cuestionó esta situación en una comunicación dirigida al Estado colombiano.
“Es que la misma víctima tenga que autorepararse”, señaló al referirse a lo que considera una de las principales contradicciones en la implementación del fallo.
También advirtió que su situación económica y laboral le ha permitido asumir esos gastos, pero que la mayoría de las víctimas no tiene esa posibilidad.
“Eso soy yo, Jineth Bedoya. El resto de las víctimas no lo pueden hacer”, afirmó.
Y agregó: “Las víctimas que están en el Putumayo, las mujeres víctimas de violencia sexual que están en los Montes de María o las que están en el Caquetá, muchas veces ni siquiera tienen con qué comprar un desayuno para sus hijos”.
Por esta razón, consideró que todavía existe una deuda importante en el cumplimiento de la sentencia y en la garantía de los derechos de las sobrevivientes de violencia sexual.
Hay avances, pero persiste la deuda de reparación
Pese a las dificultades, Bedoya destacó que algunas medidas han avanzado, entre ellas la aprobación de dos leyes de la República y la puesta en marcha de un programa de capacitación para funcionarios públicos, que actualmente se desarrolla con la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP).
Según explicó, funcionarios del actual Ministerio de Justicia la buscaron para impulsar esta iniciativa, que busca prevenir la violencia contra las mujeres en Colombia.
Sin embargo, señaló que otras medidas, como el Centro Investigativo y de Memoria, continúan enfrentando dificultades. También cuestionó que no se hayan garantizado oportunamente las herramientas necesarias para ejecutar los recursos correspondientes a 2026.
Al hacer un balance de lo ocurrido durante los últimos años, la periodista aseguró que el proceso de implementación de la sentencia ha estado marcado por situaciones que considera especialmente dolorosas.
“Le puedo decir que recibí más violencia institucional en los últimos cuatro años que durante mi secuestro y los años posteriores a mi secuestro”, afirmó.
Para Bedoya, el cumplimiento del fallo no representa únicamente una reparación individual, sino también una garantía de derechos para las mujeres periodistas y las sobrevivientes de violencia sexual en Colombia.
La periodista fue secuestrada el 25 de mayo de 2000 y permaneció retenida durante 16 horas. Según ha denunciado, durante ese tiempo fue víctima de violencia sexual. Aseguró que, 26 años después de los hechos, continúa recibiendo amenazas y recordó que durante este periodo han desaparecido y asesinado testigos relacionados con su caso.