Amenazas a líderes sociales agravan la crisis del Catatumbo a 21 meses de guerra
El Comité de Derechos Humanos cuestiona la respuesta estatal frente a la crisis humanitaria.
Otro ataque con drones explosivos en el Catatumbo. / Foto: Cortesía.
Norte de Santander.
Las amenazas contra líderes sociales y defensores de derechos humanos siguen siendo uno de los principales riesgos asociados al conflicto armado en el Catatumbo, que este 16 de octubre completa 21 meses de confrontaciones entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Farc.
El Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos advierte que la violencia continúa afectando a quienes denuncian las vulneraciones y promueven alternativas de paz en Norte de Santander.
Eliana Zafra, integrante de la Junta Nacional de esta organización, alertó en Caracol Radio sobre las intimidaciones contra integrantes de la Asociación de Madres del Catatumbo por la Paz, líderes comunales, docentes sindicalizados y organizaciones como Corporeddeh y Progresar.
Entre los hechos recientes mencionó el homicidio en Ocaña de un líder que trabajaba con jóvenes.
La representante también advirtió que las confrontaciones y los bombardeos mantienen bajo presión a municipios como Tibú y Sardinata, mientras los efectos de la guerra se extienden a otras zonas del departamento, incluido el área metropolitana de Cúcuta.
“Son los líderes sociales, son los defensores de derechos humanos, son los líderes comunales, las voces que denuncian, pero que también proponen y que identifican esas problemáticas”, afirmó Zafra, quien advirtió que las amenazas buscan atemorizar a las comunidades y silenciar a quienes defienden sus derechos.
Frente a la respuesta de las autoridades, la integrante del Comité fue contundente al evaluar las medidas adoptadas por los gobiernos nacional y departamental.
Según explicó, pese a las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo y las recomendaciones de organismos internacionales, no se ha consolidado una estrategia integral para atender a las víctimas y garantizar condiciones de seguridad en los territorios.
“No hay programas sociales que estén nuevamente en el territorio. Existe una falta de presencia de entidades como la Agencia Nacional de Tierras, la Agencia de Desarrollo Rural, el Departamento de Prosperidad Social y la Unidad para las Víctimas en las comunidades rurales más afectadas”, sostuvo Zafra.
La dirigente también alertó sobre las condiciones en las que algunas familias han regresado a sus comunidades, sin acompañamiento suficiente para protegerlas.
A su juicio, la atención no puede reducirse a ayudas inmediatas o a recomendar el traslado de las personas a otras ciudades, sino que debe garantizar condiciones para reconstruir sus proyectos de vida.
Otro de los puntos de preocupación es el reclutamiento forzado de menores de edad. Zafra pidió que se aborde esta problemática más allá de los hechos registrados durante las operaciones militares y que se fortalezcan las oportunidades educativas y laborales para los jóvenes de la región.
“Ese no puede seguir siendo el ciclo del departamento y del país. Tenemos una necesidad de impedir que las nuevas generaciones terminen atrapadas en la guerra”, afirmó.
La dimensión de la emergencia quedó evidenciada durante 2025, cuando el desplazamiento masivo y el confinamiento afectaron a comunidades de la subregión del Catatumbo.
Para el Comité, la persistencia de las amenazas y la falta de atención sostenida mantienen a la población en una situación de vulnerabilidad.
Al cumplirse 21 meses de confrontación, la organización insiste en que la salida no puede depender exclusivamente de las operaciones militares.