Defensoría pidió medidas urgentes para evitar desplazamiento de familias en Granizal, Bello

Bello, Antioquia

La Defensoría del Pueblo y la Universidad de Antioquia solicitaron a la Corte Constitucional adoptar medidas urgentes para proteger a las familias de Granizal, en Bello, al norte del Valle de Aburrá, ante el riesgo de que deban abandonar sus hogares.

La petición se sustenta en un informe presentado ante la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia, en el que advierten que cerca de 30.000 personas habitan este sector y que el 90 % de la población ha sido víctima de desplazamiento forzado. La Defensoría asegura que las familias que huyeron de la violencia en otras zonas del departamento de Antioquia, hoy enfrentan nuevos riesgos asociados a la inestabilidad del terreno, la falta de servicios básicos y las dificultades para acceder a una vivienda segura.

Según la alerta, la situación se ha comenzado a agravar desde el deslizamiento del 24 de junio de 2025, que dejó 27 personas fallecidas, sepultó 50 viviendas y afectó a 1.160 personas.

De acuerdo con el informe, la emergencia estuvo relacionada con varios factores de riesgo presentes en el territorio, como la ocupación informal de laderas inestables, la deforestación, las fugas de agua en las tuberías de conducción, la ausencia de alcantarillado y las deficiencias en la planeación y el control urbanístico.

El documento también advierte que mientras la Alcaldía de Bello reportó 24 familias damnificadas, la Universidad de Antioquia contabilizó 79. Además, la inscripción en el Registro Único de Damnificados tardó cuatro meses y la única alternativa habitacional ofrecida, según el informe, ha sido un subsidio temporal de arrendamiento por tres meses.

A las consecuencias de la tragedia se sumó la suspensión del suministro de agua del que dependía cerca del 60 % del consumo de la población y la orden de demolición de 193 viviendas, sin que se haya establecido un plan de reasentamiento para las personas que las habitan.

¿Qué medidas piden para proteger a las familias de Granizal?

La Defensoría del Pueblo y la Universidad de Antioquia pidieron a la Corte Constitucional reconocer la importancia y responsabilidad del Estado en la intervención y proteger a quienes enfrentan desplazamientos prolongados por la convergencia del conflicto armado y los factores ambientales.

Entre las peticiones se encuentra garantizar el acceso al agua potable, ofrecer alojamiento temporal digno a las familias afectadas por la emergencia, realizar un nuevo censo poblacional, diseñar un plan integral de soluciones habitacionales y reasentamiento, suspender desalojos y demoliciones hasta que existan alternativas de vivienda para las personas afectadas, crear una mesa interinstitucional de cumplimiento y articular el Registro Único de Víctimas con el nuevo Registro Único de Desplazamiento Ambiental, para responder a las necesidades de quienes deben abandonar sus hogares por factores ambientales.