Fundación Progresar denuncia ola de amenazas contra lideres sociales en el departamento
Defensoras de derechos humanos de Cúcuta, Pamplona, Ocaña y la región del Catatumbo los más afectados
Lideres sociales reclaman respuesta a situaciones de violaciones de derecho / Caracol Radio (Colprensa)
Norte de Santander
En un comunicado público la Fundación Progresar expresó su más enérgico rechazo y denunció ante la opinión pública nacional e internacional, así como ante las instituciones del Estado colombiano, las amenazas de muerte recibidas recientemente, a través de la aplicación WhatsApp, por parte de varios defensores y defensoras de derechos humanos, dirigentes sindicales y campesinos.
Explica el documento que de acuerdo con la información recibida, las amenazas serían presuntamente atribuibles al grupo armado denominado “Águilas Negras”, y estarían dirigidas contra líderes y lideresas sociales, organizaciones sindicales, campesinas y defensoras de derechos humanos de Cúcuta, Pamplona, Ocaña y la región del Catatumbo.
En los mensajes se señala a líderes sociales como supuestas bases de apoyo de las FARC y el ELN y se declara como objetivos militares a diversas organizaciones y sectores sociales, entre ellos la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Asociación por la Unidad Campesina del Catatumbo (ASUNCAT), la Fundación Progresar, organizaciones defensoras de derechos humanos, líderes comunales de Cúcuta, profesores y sectores de izquierda, así como personas que ejercen labores de defensa y promoción de los derechos humanos.
Advierte además que “consideramos especialmente preocupante que estas amenazas se produzcan en un contexto que las organizaciones firmantes identifican como caracterizado por expresiones de odio, estigmatización y señalamientos contra sectores progresistas, organizaciones sociales, organizaciones de izquierda y personas defensoras de derechos humanos”.
En este contexto, “advertimos sobre los riesgos que pueden enfrentar quienes ejercen legítimamente los derechos a la libertad de expresión, asociación, participación, organización social, movilización y defensa de los derechos humanos. Las amenazas e intimidaciones no solo afectan a las personas directamente señaladas”.
“También pretenden generar temor entre las comunidades y organizaciones que desarrollan actividades sociales, sindicales, campesinas y de defensa de los derechos humanos” precisa.
Esta situación adquiere especial relevancia en el marco de la convocatoria realizada por las centrales obreras y el movimiento social a la movilización prevista para el 14 de octubre, cuyo propósito es exigir al Estado colombiano el respeto de los derechos humanos, el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario y el rechazo al desmonte de programas sociales dirigidos a amplios sectores de la sociedad.
Las organizaciones firmantes en el documento manifiestan que “reivindicamos el derecho de toda persona y organización social a denunciar las injusticias, defender los derechos conquistados, participar en asuntos de interés público y exigir condiciones de paz, democracia y respeto por los derechos humanos”.
“Ninguna amenaza debe convertirse en un mecanismo para silenciar la voz de las comunidades, organizaciones sociales, trabajadores, campesinos, víctimas, líderes y defensores de derechos humanos” advierte.
Frente a esta delicada situación solicita de manera urgente a las instituciones competentes del Estado colombiano:
1. Activar de manera inmediata las rutas de prevención y protección correspondientes para las personas amenazadas. 2. Adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida, integridad y seguridad de los defensores y defensoras de derechos humanos, dirigentes sindicales, líderes sociales y campesinos afectados.
3. Investigar de manera diligente y efectiva los hechos denunciados, establecer las circunstancias en que se produjeron las amenazas y determinar las responsabilidades a que haya lugar.
4. Fortalecer las medidas de prevención y protección dirigidas a las organizaciones y comunidades que desarrollan labores de defensa de los derechos humanos en Norte de Santander.
5. Garantizar que las personas y organizaciones sociales puedan ejercer sus derechos a la participación, organización, expresión y movilización sin ser objeto de amenazas, estigmatización o intimidación.
Asimismo, solicitamos a los organismos internacionales y plataformas nacionales e internacionales de derechos humanos mantener especial observancia sobre la situación de violencia y riesgo que enfrentan líderes sociales y comunidades en el departamento de Norte de Santander.