Lula prohíbe apuestas deportivas en línea en Brasil a días de ir a elecciones
La medida entra en vigor de inmediato y deberá ser aprobada por el Congreso para convertirse en ley definitiva.
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva prohibió las apuestas deportivas en línea en Brasil, a nueve días de las elecciones en las que busca otro mandato frente al senador Flávio Bolsonaro, con quien está muy igualado en las encuestas.
Las apuestas o “bets” son consideradas por el Gobierno como una de las fuentes del endeudamiento récord de las familias brasileñas. Lula las ha calificado como una “enfermedad”.
“A partir de hoy, no se puede colocar más dinero en los sitios de apuestas en el país”, afirmó el ministro de Economía, Dario Durigan, durante un acto en São Paulo junto al presidente Lula, en el que se anunció la prohibición.
La medida fue adoptada mediante una disposición provisional que entra en vigor de inmediato, aunque necesitará la aprobación del Congreso para convertirse en una ley definitiva.
Varios clubes de fútbol, incluido el vigente campeón Flamengo, han expresado su rechazo a la iniciativa. Los equipos argumentan que los patrocinadores de las “bets” son una fuente importante para sus finanzas.
En Brasil, 13 de los 20 clubes de primera división tienen actualmente a una casa de apuestas como patrocinador principal. Además, figuras como Neymar y Vinícius Junior son algunos de los rostros más reconocidos de la publicidad de este sector.
El mercado de las apuestas deportivas experimentó un fuerte crecimiento desde que el propio Gobierno de Lula estableció un marco regulatorio en 2023.
La decisión llega en medio de un escenario de alto endeudamiento de las familias brasileñas. Ocho de cada diez hogares afrontan algún tipo de deuda, según datos publicados en agosto por la Confederación Nacional del Comercio.
De acuerdo con un estudio conjunto de los estados brasileños, las apuestas absorbieron alrededor de 13.000 millones de dólares de las rentas familiares durante 2025.
La decisión sobre las apuestas se produce en plena campaña electoral y mientras el Gobierno defiende la medida como una respuesta al impacto económico que este sector tiene sobre las familias brasileñas.