Condenan a exempleados de la Fundación Peces Vivos por torturar a pacientes en Ibagué

Ibagué

Caracol Radio conoció que tras un proceso judicial que duró 10 años condenaron a penas entre 15 y 17 años de prisión a siete exempleados de la Fundación Peces Vivos en la que se torturó a pacientes con discapacidad. Esta fundación para la época de los hechos era contratista del Instituto de Bienestar Familiar ICBF.

Estas personas según se logró demostrar en el proceso, son los responsables de causar sufrimientos físicos y psicológicos a nueve menores de edad, que estaban internados en una institución especializada en atención de personas con discapacidad mental o psicosocial, que eran remitidas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

“Las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación permitieron que un juez especializado de conocimiento condenara a las penas entre 15 y 17 años de prisión a siete exempleados, responsables de causar sufrimientos físicos y psicológicos a nueve menores de edad, que estaban internados en una institución especializada en atención de personas con discapacidad mental o psicosocial, que eran remitidas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)”, reveló la Fiscalía.

Entre los condenados están la directora de la fundación, Johanna Dignore Rodríguez Olaya; la psicóloga Yenifer Stefany Salcedo Cartagena; los auxiliares de enfermería Edison Jaber Calderón Espitia, Paola Andrea Tique Vera, Claudia Maritza Flórez Medina, Claudia Lorena Pedraza Henao y Paula Andrea Patiño Buitrago.

Estas personas fueron hallados penalmente responsables, de acuerdo con sus actuaciones individuales, de los delitos de concierto para delinquir y tortura agravada.

La historia de la Fundación Peces Vivos

Caracol Radio conoció que un fiscal de la Seccional Tolima demostró que entre el segundo semestre de 2016 y 2017, estas personas realizaron prácticas sistemáticas de contención física y psicológica a los pacientes, las cuales perdieron cualquier finalidad terapéutica y fueron utilizadas como mecanismos de castigo, intimidación y sometimiento.

“La investigación probó que las contenciones eran realizadas de manera reiterada y por motivos que no obedecían a verdaderas emergencias médicas o psiquiátricas. Las inmovilizaciones se aplicaban por conductas como llorar, negarse a comer, discutir, incumplir instrucciones o presentar comportamientos derivados de sus condiciones”, resaltó la Fiscalía.

Dato: el juzgado les impuso, además, la pena accesoria de inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas, así como la inhabilitación para el ejercicio de sus profesiones por el mismo lapso de la pena principal en cada caso.

Finalmente, se estableció que una de las personas condenadas pagará su pena en prisión domiciliaria. Por su parte, los otros deberán purgar las condenas en centros penitenciarios. Esta decisión es de primera instancia.