Ariel Ávila alerta que buscan “asfixiar” la JEP y advierte riesgos para miembros de Fuerza Pública

En Dos Puntos de Caracol Radio, el senador Ariel Ávila sostuvo que la verdadera intención detrás del recorte presupuestal a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es “dejar inoperante” y “asfixiar” el sistema de justicia transicional.

El senador advirtió que debilitar a la JEP pone en riesgo jurídico a los miembros de la fuerza pública que se han sometido a ella. “Van a terminar, perdóneme la expresión, jodiendo a los militares que están en este proceso”.

Según explicó Ávila, si la JEP no opera, los uniformados “van a quedar sujetos a lo que diga la Corte Penal Internacional” y quedarán en un limbo jurídico que incluso les impediría salir del país.

De acuerdo con las cifras presentadas por el congresista, actualmente, más de 2.000 militares y la gran mayoría de excombatientes de las extintas FARC se encuentran en libertad condicional, compareciendo ante la JEP en lugar de estar en prisión ordinaria.

Sobre el ritmo de trabajo de la jurisdicción, el senador recordó el acto legislativo de 2016 que otorgó un plazo de 10 años para investigar y cinco años para juzgar: “Hoy van 8 años de la JEP y ya hay tres sentencias”. Añadió que no se trata solo de delitos comunes, sino de macrocasos complejos que involucran, por ejemplo, la investigación de “34.000 secuestros”.

A comparación de otras cortes, defendió que el presupuesto de la JEP sea más alto porque “cuenta con una fiscalía propia” y un cuerpo de investigación y seguridad. “Entonces, si usted compara solo la magistratura, lo que llaman, es decir, los magistrados, los auxiliares y demás, la JEP solo está por encima de la Corte Constitucional. Todas las demás cortes, Corte Suprema, Consejo de Estado y Consejo de la Judicatura, gastan más plata que la JEP”, agregó.

Sentencias por los falsos positivos

Para Ávila, los intentos de frenar la JEP coinciden con la proximidad de las sentencias por los falsos positivos contra militares en el caso de la Unión Patriótica y el avance de “terceros de buena fe”, que corresponde a civiles, ganaderos y empresarios que colaboraron con grupos armados ilegales, cuyas copias están siendo compulsadas a la Fiscalía General de la Nación.

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Por último, el senador se refirió a las recientes denuncias por supuestos gastos de viajes injustificados por parte de funcionarios de la JEP. Ávila sugirió que “eso se hace sencillamente con un recorte presupuestal de los gastos de representación y ya”.

En ese sentido, defendió que la JEP es un “ejemplo mundial” de justicia transicional, superando los estándares de los tribunales ad hoc de Ruanda y la antigua Yugoslavia.

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