Una guerra jurídica enfrentaría la erradicación manual de cultivos ilícitos

Las estructuras criminales ligadas al narcotráfico buscan frenar y sabotear la nueva ofensiva de erradicación impidiendo la entrada de personal e impulsando una “guerra jurídica” para suspender los millonarios contratos de erradicación manual recién adjudicados por el Gobierno.

La Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional acaba de tomar una decisión clave: mediante la Resolución 0828 del 31 de agosto de 2026, adjudicó a la Unión Temporal UT EMF 2026 el servicio de erradicación manual de cultivos ilícitos mediante Grupos Móviles de Erradicación.

La cifra es contundente: $60.000 millones. El contrato tendrá ejecución hasta el 21 de diciembre de 2026 y la propia resolución establece que contra la decisión no procede recurso.

A raíz de esta adjudicación se está desplegando una estrategia jurídica y mediática mediante acciones de tutela, demandas de nulidad y denuncias disciplinarias encaminadas a cuestionar la adjudicación y detener su ejecución.

Las acciones jurídicas buscan mantener paralizados los Grupos Móviles de Erradicación, para poder conservar cultivos que alimentan la producción de cocaína y las finanzas de estas organizaciones criminales.

La Resolución 0828, por su parte, deja constancia de que el proceso tuvo una extensa controversia administrativa y jurídica. La Dirección de Antinarcóticos examinó cuestionamientos formulados contra el procedimiento y finalmente concluyó que debía revocar la declaratoria de desierto y adjudicar el contrato.

El documento también señala que la decisión debía garantizar principios como transparencia, selección objetiva, economía y responsabilidad, y sostiene que la propuesta de la UT EMF 2026 cumplía los requisitos.

Fumigación de cultivos

El Juzgado Tercero Promiscuo del Circuito de Puerto Asís ordenó suspender provisionalmente el plan piloto de aspersión aérea con glufosinato de amonio en el departamento del Putumayo.

La decisión, de la cual informó detalladamente Caracol Radio, frena el proyecto que el gobierno de Abelardo De La Espriella y la Policía Nacional pretendían iniciar para la erradicación de cultivos ilícitos.

La medida responde a una acción de tutela interpuesta por la Fundación Tiempo de Cambios, argumentando la protección de los derechos a la salud, el medio ambiente sano y la consulta previa de las comunidades locales.

Gobierno Nacional

El presidente Abelardo de la Espriella anunció que su Gobierno controvertirá algunas decisiones judiciales que, según explicó, estarían limitando las facultades del Ejecutivo para tomar decisiones en materia de seguridad y orden público.

El mandatario aseguró que respeta la independencia de la justicia, pero señaló que también tiene la responsabilidad de defender las competencias que la Constitución le otorga como jefe de Estado.

“Respetamos las decisiones judiciales, pero vamos a controvertirlas y vamos a defender las facultades constitucionales del Presidente de la República”, afirmó De la Espriella.

Fallos sobre operaciones de la Fuerza Pública

El pronunciamiento del mandatario se produjo al abordar decisiones judiciales relacionadas con operaciones contra organizaciones armadas ilegales.

De la Espriella cuestionó que determinados fallos puedan terminar restringiendo la capacidad de las Fuerzas Militares para actuar contra estructuras criminales. Su argumento se centró especialmente en los casos en los que dentro de estos grupos hay menores de edad.