“Es ilegal e inconstitucional”: Exministro de educación pide retirar proyecto de Educación

El exministro de Educación Daniel Rojas pidió al Gobierno Nacional retirar de inmediato el proyecto de decreto que modifica el Decreto 1075 de 2015 y advirtió sobre lo que, según él, podría significar la propuesta para la educación pública.

Rojas calificó el proyecto como “abiertamente ilegal” e “inconstitucional” y sostiene que el Gobierno estaría creando una nueva figura para permitir la participación de privados en la administración de colegios oficiales sin cumplir las condiciones que establece la ley.

El punto central de su cuestionamiento está en la figura de “apoyo a la administración” que plantea el proyecto. Según el exministro, la Ley 715 de 2001 permite contratar la prestación del servicio educativo con terceros cuando existe insuficiencia o limitaciones de la capacidad oficial para garantizarlo.

Principalmente, su señalamiento es que el proyecto estaría creando una modalidad diferente que permitiría recurrir a terceros sin demostrar previamente esa insuficiencia.

“Lo que está haciendo este decreto es saltarse la ley porque está creando una nueva figura y la llaman de apoyo a la administración sin insuficiencia”, afirmó Rojas.

El proyecto, por su parte, plantea que las entidades territoriales puedan apoyarse en terceros para la administración de establecimientos oficiales. En esta modalidad, el contratista es definido como “colaborador” de la entidad territorial y no como prestador del servicio, según afirmó la ministra de educación Viviane Morales.

Sin embargo para Rojas, esa denominación no refleja el alcance real de las funciones que podría asumir el operador.

“No son simples colaboradores. En realidad están asumiendo el control pedagógico, el control disciplinario, el control operativo y el control financiero de los colegios públicos en Colombia”, aseguró.

La alerta por los recursos públicos

Otro de los puntos que cuestiona el exministro es el manejo de los recursos destinados a la educación.

Rojas advierte que los operadores podrían recibir recursos del Sistema General de Participaciones y cuestiona la flexibilización de las condiciones para contratar componentes de la llamada canasta educativa.

Según su denuncia, esto podría aumentar los riesgos de direccionamiento de contratos. Puesto que “Flexibilizan los requisitos que antes tenían las secretarías para permitir inflar las canastas y así direccionar contratos a su antojo”, indicó.

También cuestiona los mecanismos de control del Ministerio de Educación. Principalmente en un detalle, asegura que el proyecto elimina la obligación de remitir determinados diagnósticos de cobertura y capacidad al Ministerio, lo que, según su posición, reduciría el control sobre estas contrataciones.

Jornada única y contratos de hasta 12 años

El exministro también pone la lupa sobre la infraestructura necesaria para implementar la jornada única.

Su argumento es que las dificultades de infraestructura de muchos colegios oficiales o públicos podrían utilizarse como justificación para contratar operadores privados, en lugar de destinar los recursos a fortalecer directamente la red pública.

“En lugar de poner los recursos [...] para mejorar los colegios públicos van a coger la plata para pasársela a privados con la excusa de que los públicos no pueden ofertar la jornada única”, afirmó.

A esto suma otro cuestionamiento, que ha llegado desde diferentes frentes en cuanto la polarización del proyecto decreto, la duración de los contratos. El proyecto contempla contratos de administración de establecimientos oficiales de hasta 12 años, bajo las condiciones establecidas en la propuesta.

Para Rojas, este plazo, junto con lo que considera una reducción de los controles, podría permitir que operadores privados permanezcan durante largos periodos administrando colegios públicos.

“Se lo dejan a 12 años prorrogable, a 20 o a 30 años sin ningún tipo de competencia, sin ningún tipo de control”, sostuvo.