La denuncia de la UIAF que saca a la luz presuntos desvíos y malos manejos en Coosalud

La Unidad Investigativa de Caracol Radio revela la denuncia mediante la cual la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) le pidió a la Fiscalía que investigue al presidente ejecutivo de Coosalud, Jaime González Montaño, a los miembros de la junta directiva que tuvo la EPS entre 2019 y 2024, y a otras cinco personas.

La UIAF los señala por presuntos malos manejos y una supuesta integración irregular entre varias empresas del mismo grupo económico, la cual habría permitido que los recursos de la salud se utilizaran como prenda de garantía para apalancar inversiones privadas.

La acusación concreta contra las cabezas de Coosalud es la presunta comisión del delito de peculado por apropiación de terceros, relacionada con la decisión de aprobar que la EPS, una de las más grandes del país, sirviera como fiadora de un crédito por 221.000 millones de pesos en favor de Coosalud Inversa, firma hermana dedicada a las inversiones financieras. El préstamo original era por 131.000 millones y con las mismas condiciones, pero Inversa aceptó un cupo adicional de 90.000 millones.

Según los documentos adjuntados por la UIAF, a los que esta Unidad Investigativa tuvo acceso, quienes autorizaron respaldar el empréstito fueron Jaime Pastrana Arango (presidente), Sandra Neira, César Negret, Rafael Santos, Óscar Silva, Óscar Giraldo y Luis Fernando Caicedo, miembros de la junta directiva de la entidad promotora de salud, que tiene más de 3,3 millones de afiliados.

Como Inversa no pagó la millonaria deuda, el Banco GNB Sudameris ejecutó la cláusula de incumplimiento y se apropió de 206.000 millones de pesos de la EPS. El dinero hacía parte de las reservas técnicas, que hacen parte de los recursos con los que la prestadora de salud paga por la atención de los pacientes.

La denuncia de la UIAF, presentada el 17 de junio, advierte que los ejecutivos sabían que su actuación iba en contra de la Constitución y de la normatividad que protege la atención en salud, cuyos recursos son inembargables. “Al haber sido expresamente advertidos sobre los riesgos normativos, (como consta) en las actas de noviembre de 2022, y aun así autorizar que la EPS sirviera de fiadora de una empresa privada (Inversa), comprometiendo el patrimonio de la salud, incurrieron en una flagrante violación del régimen de deberes y responsabilidad legal (Ley 22 de 1995)”, se lee en la ampliación de la denuncia, radicada en julio.

El presunto peculado que se les atribuye se deriva del desvío de “rentas con destinación específica de la salud para pagar una deuda privada”.

Jaime González Montaño y los siete integrantes de la junta directiva de Coosalud no están solamente en el radar de la Fiscalía. A comienzos de agosto, la Procuraduría General de la Nación les abrió una investigación disciplinaria “por posibles irregularidades relacionadas con operaciones financieras prohibidas por la regulación en salud” y pagos indebidos a terceros. Además de lo sucedido con Inversa, el Ministerio Público le puso la lupa a un contrato de coworking.

La denuncia de la UIAF incluye también a Gloria Ramírez, auditora que aparece en varias comunicaciones con Jaime González Montaño, adscrita a las empresas Expert Médica, Aplisalud y Auditoría EPS. Así mismo, se señala al polémico exasesor Mario Andrés Urán, señalado de orientar pagos y contratos y quien aparece en varios correos con una relación muy cercana con Jaime González Montaño.

Urán es un viejo conocido en el sector y objeto de varios señalamientos por su supuesto rol como intermediario en procesos de contratación. La acusación más reciente es la del entonces superintendente Daniel Quintero, quien unos días antes de dejar el cargo lo denunció por su presunta participación en el direccionamiento de un contrato de la EPS SOS por 180.000 millones de pesos.

El esquema ‘yo con yo’ que habría permitido el desvío de recursos de la salud

El análisis de inteligencia que la UIAF remitió a la Fiscalía parte de un informe de auditoría forense contratado con privados, en julio de 2025, por la entonces interventora de la EPS, Gloria Polanía, hoy investigada por la Procuraduría. Con base en ese estudio, en poder de Caracol Radio, la UIAF concluye que el multimillonario préstamo que favoreció a Inversa y perjudicó a la EPS sería el ejemplo más visible de un esquema de integración que habría derivado en negocios indebidos, conflictos de interés y fraudes financieros dentro de Coosalud.

Las empresas señaladas son Coosalud EPS, Coosalud Cooperativa y Coosalud Inversa, representadas legalmente por Jaime González Montaño y con varios empleados en común. Según la denuncia, González dirigía a su antojo los flujos financieros y comerciales entre estas compañías.

Valiéndose de ese poder “omnímodo”, afirma la UIAF, Jaime González Montaño habría ordenado el pago de anticipos millonarios sin soportes. Una de las firmas beneficiarias sería EVE Distribuciones S.A.S. (Evedisa), especializada en medicamentos, que recibió 4.000 millones de pesos con cargo a los presupuestos máximos, un mecanismo mediante el cual el Estado financia servicios y tecnologías que no están incluidos en la UPC.

“Por instrucción del doctor Jaime Miguel González, a quien copio en este correo, el día de hoy debemos cargar el siguiente anticipo a Evedisa por concepto de facturación NO PBS (Plan de Beneficios en Salud), con cargo a presupuestos máximos. Copio a las sucursales para la compensación de este anticipo una vez ingresen las facturas”, se lee en uno de los correos electrónicos entregados por la UIAF a la Fiscalía.

Dicho desembolso se habría realizado a pesar de que el subdirector contable de Coosalud, Raúl Darío Sierra, había advertido que la EPS no le debía dinero a Evedisa y que, al contrario, esta tenía saldo a favor.

De acuerdo con la denuncia, Jaime González Montaño se saltaba los protocolos para interceder por determinadas IPS, como el Hospital Universitario del Caribe. En este caso en particular, hay correos en los que le solicita a la auditora Gloria Ramírez que reciba las facturas de ese centro médico. La UIAF también asegura que la EPS privilegiaba el pago a las IPS con participación societaria de Coosalud Inversa, como Nuevo Hospital Bocagrande, Red Humana y Vida Plena, por encima de los hospitales públicos y otros en la fila.

Como parte de la supuesta integración irregular, los auditores hallaron ‘vasos comunicantes’ entre las áreas financieras y contables de la EPS, la cooperativa, Coosalud Inversa y la IPS Red Humana, adquirida en 2024. Por ejemplo, Jeffrey Cárdenas era, al mismo tiempo, contador de Inversa S. A. y de Red Humana. Y Luis Manuel Caez era el contador de la EPS y, paralelamente, el de Inversa.

“Colaboradores contables adscritos a la nómina de Coosalud EPS intervinieron de forma directa y sistemática en las operaciones de registro, negociación contable y cierre de estados financieros de Coosalud Inversa, Coosalud Cooperativa y Red Humana S.A.S. Esta cooptación de funciones anula por completo la segregación de cuentas exigida por el Decreto 780 de 2016 y materializa una confusión patrimonial y contable orientada presuntamente a la manipulación de balances y al ocultamiento de desvíos de recursos parafiscales”, subraya la denuncia.

Los presuntos conflictos de interés se extienden al campo de la auditoría. La UIAF documentó que Sergio Antonio Gil no sólo era el representante legal de Expert Médica S.A.S., una de las empresas que le proveen servicios a la EPS, sino que cumplía el mismo rol en Aplistaff S.A.S., compañía responsable de revisar las cuentas médicas que llegaban a Coosalud. En pocas palabras, auditaba a la IPS que él mismo representaba. Por esta situación, se le pidió a la Fiscalía que lo investigue por posible fraude procesal y/o uso indebido de fondos públicos.

La UIAF señala a la administración de Coosalud de “fraude financiero”

Para la UIAF, la contabilidad de Coosalud era maquillada sistemáticamente. Tanto la auditoría privada como la denuncia señalan dos patrones que habrían ensombrecido las cifras de la EPS. El primero es la poca confiabilidad de la información contable, que incluso llevó a que la revisora fiscal Gladys Asprilla no certificara los estados financieros de 2024 y, en cambio, emitiera un dictamen de abstención de opinión sobre los balances.

El segundo patrón es la fragmentación y desaparición de información. La aurfditoría forense estableció que soportes documentales del periodo fiscal 2019-2024 están dispersos en correos electrónicos y en alojamientos sin trazabilidad. Algunos ni siquiera aparecen. Pero, conforme la denuncia, la situación sería tan complicada en materia de transparencia financiera que presuntamente empleados de Coosalud discutían de manera confidencial las inconsistencias financieras de la EPS sin dejar rastro en los libros y registros contables.

Facturas duplicadas, pagos sin mayor soporte y otros presuntos malos manejos

La denuncia de la UIAF advierte sobre la poca claridad y confiabilidad en la facturación de los servicios prestados a Coosalud. Tanto la auditoría como la denuncia destacan que, aunque es la quinta EPS del país en número de afiliados, ocupa el primer lugar en facturas duplicadas (que es presentar dos veces una factura por un servicio único): 13 millones, muy por encima de la Nueva EPS, que es la más grande.

La pérdida de trazabilidad que se describe es escandalosa. En relación con este aspecto se expone el caso de la IPS Marcazsalud, con base en un informe del 7 de enero de este año. Coosalud supuestamente le iba a girar 22.000 millones de pesos, pero le llegaron solamente 4.300 millones de pesos. El resto del dinero no regresó al banco y no se conoce dónde terminó.

“Los pagos fueron anulados en el sistema contable sin que el dinero regresara al banco. Esta acción se ejecutó por instrucción directa de ejecutivos (Yamith Puche) a analistas, sin autorizaciones formales”, se lee.

Asimismo, la UIAF le puso en conocimiento a la Fiscalía el caso de la Clínica General del Caribe. Allí, se cuestionó el aumento acelerado de giros desde Coosalud –tanto bajo su junta directiva como durante la intervención del gobierno-. Este centro médico pasó de recibir pagos mensuales que oscilaban los 600 millones de pesos a más de 5.000 millones de pesos en giros al mes mediante anticipos sin justificación.

Dentro del informe que hoy revela Caracol Radio se expuso que un grupo de IPS fueron predilectas para la recepción de anticipos desde Coosalud. Entre las más beneficiadas son Estrios S.A.S. con 3.516 anticipos, el Centro Radio Oncológico del Caribe recibió 251 giros, Provida Farmacéutica 119 giros, la Promotora Bocagrande 73 anticipos.

Cabe recordar que la figura de anticipos representa pagos previos que la EPS hace, aunque no se hayan ejecutado aún los servicios, y requieren un proceso estricto de fiabilidad. En este punto en particular Coosalud ha sido cuestionada por la Contraloría por la sustentación de esos movimientos financieros.

La UIAF también llama la atención sobre otros desembolsos de Coosalud. Por ejemplo, entre 2018 y 2024 se gastó más de 400 millones de pesos en conferencias de liderazgo, talleres, consultorías sobre métodos de alineación estratégica y hasta en libros traídos desde Perú. En el mismo lapso, por software y licencias de sistemas de información le giró casi cuatro millones de dólares a la compañía Sales Force.

Las cifras de la debacle financiera y de estabilidad de Coosalud

Adicional a los más de 13 millones de facturas duplicadas que convierten a Coosalud en la campeona de las dudas sobre la transparencia en cobros y facturación, la UIAF puso en conocimiento de la Fiscalía un grupo de 20 hallazgos trasladados desde la Contraloría entre los que se encuentran pagos por más de 314.000 millones de pesos a entidades cuya existencia y vinculación como prestadores no pudo ser verificada ni en la red de prestadores de la EPS.

Aparecen también giros por 39.000 millones de pesos sin que mediara un contrato o soporte jurídico que validara el pago, cerca de 40.700 millones de pesos en sobrecostos estimados en medicamentos incluyendo 5.569 millones pagados a dos dispensarios que recibieron giros por valores muy superiores a lo entregado a los usuarios, así como más denuncias de presunta desviación de recursos públicos hacia operaciones ajenas al sector “y sin garantías de recuperación”.

A juicio de la denuncia de la UIAF, estas cifras representan una radiografía que rodea la conclusión más contundente: en 2024 Coosalud vivió su debacle financiera luego de tener un crecimiento sostenido en su patrimonio. Pasó de lograr 252.165 millones en positivo en su patrimonio a -$859.792 millones de pesos en 2024. Además, la auditoría asegura que descubrió que el valor de la EPS era menor al reportado por los estados financieros.

“La auditoría señala que este colapso se encuentra directamente ligado al tratamiento irregular y el ocultamiento de información bajo reserva legal que la EPS les dio a sus cuentas durante el periodo 2019 a 2024”, sentenció la UIAF.

Aunque lo descrito anteriormente bastaría para alarmarse, la realidad es que la intervención del gobierno en esa prestadora tampoco resolvió el problema. Caracol Radio consultó a Denis Silva, presidente de Pacientes Colombia, quien aseguró que el ejecutivo no terminó resolviendo nada y sí empeorando la situación. Esto tiene fundamento. Por ejemplo, varios de los interventores designados por el gobierno Petro están siendo investigados por la Procuraduría por presunto deterioro financiero de la EPS, y algunos duraron incluso un mes en el cargo, en medio del más absoluto desorden y falta de una hoja de ruta seria. El Leviatán de Coosalud continúa.