Presidente de Coosalud denuncia a Wilmar Mejía por presunto abuso de poder en la UIAF

Una nueva disputa se abre alrededor de la investigación por un presunto entramado financiero relacionado con recursos de la salud que involucra a personas relacionadas con Coosalud. Esta vez, el señalado no es solamente quien aparece mencionado en las indagaciones: el presidente de Coosalud, Jaime Miguel González Montaño, presentó la denuncia penal contra Wilmar de Jesús Mejía, director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).

La denuncia fue radicada ante la Fiscalía General de la Nación y acusa a Mejía, de manera presunta, de cuatro delitos: abuso de función pública, abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, revelación de secreto y utilización de asunto sometido a secreto o reserva.

El punto central de la controversia no es que la UIAF haya puesto posibles irregularidades en conocimiento de la Fiscalía. La propia denuncia aclara que ese hecho, por sí solo, no es objeto del reclamo. Lo que cuestiona la defensa es la manera en que se habría utilizado la información financiera y las actuaciones que habría adelantado Mejía antes y durante la presentación del caso.

¿Qué es lo que está en el centro de la discusión?

La UIAF es el organismo estatal encargado de hacer inteligencia financiera. Entre sus funciones está centralizar, sistematizar y analizar información financiera y trasladarla a las autoridades competentes cuando encuentre elementos que deban ser verificados.

La particularidad de esta entidad es que tiene un acceso excepcional a información protegida por reserva bancaria, cambiaria, bursátil y tributaria. Precisamente por ese poder, su actividad está sometida a reglas especiales de reserva, autorización y protección de derechos fundamentales. La denuncia sostiene que ese acceso excepcional habría sido utilizado, en este caso, por fuera de los límites legales.

Según el documento presentado por González, Mejía no se habría limitado a entregar información para que otras autoridades investigaran. La defensa sostiene que el director de la UIAF calificó jurídicamente conductas como 11 delitos, atribuyó responsabilidades a personas determinadas, involucró a familiares y pidió actuaciones a jueces y entidades de control.

Ese es el núcleo del primer delito denunciado: el presunto abuso de función pública.

¿Qué pasó con el informe de inteligencia?

La denuncia se concentra especialmente en hechos ocurridos el 16 y 17 de junio de 2026.

Según el documento, el 16 de junio, durante un Consejo de Ministros transmitido públicamente, Wilmar Mejía habló de un informe de inteligencia financiera de la UIAF que tendría cerca de 130 páginas.

En esa intervención, según la denuncia, se habló de aproximadamente 168 actores y 17 IPS, de una supuesta “triangulación financiera” y de posibles delitos como concierto para delinquir, peculado por apropiación, lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares, falsedad en documento privado y falsedad procesal.

También se hizo referencia a un grupo de personas naturales, entre ellas familiares, que supuestamente habrían creado un conglomerado empresarial para movilizar recursos. Posteriormente, durante la misma sesión, el expresidente Gustavo Petro identificó a Coosalud EPS como la entidad a la que se refería el informe, según relata la denuncia.

El punto que genera la mayor controversia

Para la defensa de González, hay una pregunta particularmente delicada:

¿Cómo se pudo divulgar públicamente información que después fue considerada reservada frente a las personas señaladas?

La denuncia sostiene que Mejía anunció el 16 de junio que acudiría a la Fiscalía al día siguiente para presentar formalmente la denuncia. Es decir, según el documento, la exposición pública del contenido del informe ocurrió antes de su radicación ante la Fiscalía.

El 17 de junio, efectivamente, Mejía presentó ante la Fiscalía un documento de 19 páginas que estaba marcado como “SECRETO”. La Fiscalía abrió posteriormente una noticia criminal por lavado de activos y registró el caso como un informe proveniente de la UIAF.

La defensa considera contradictorio que una información hubiera sido expuesta ante la opinión pública y que, posteriormente, se utilizara la reserva para impedir que el señalado conociera el documento y pudiera controvertirlo.

Ese es el fundamento del cargo por presunta revelación de secreto.

¿Por qué Jaime González llega a denunciar a Mejía?

Para entender el origen de la disputa hay que remontarse a los señalamientos previos relacionados con Coosalud.

González, presidente de Coosalud, aparece como uno de los principales señalados en la controversia sobre el supuesto manejo irregular de recursos de la salud. Por su parte, Mejía, desde la dirección de la UIAF, ha presentado información sobre una investigación que apunta a un supuesto entramado financiero con participación de múltiples actores.

La denuncia de González sostiene que estos nuevos señalamientos tienen además un antecedente judicial.

Según el documento, en noviembre de 2025 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca protegió los derechos de González a la honra, al buen nombre y al debido proceso, y ordenó al presidente de la República retractarse de 16 declaraciones relacionadas con él.

Posteriormente, de acuerdo con la denuncia, un juzgado declaró el desacato y el Tribunal, al revisar la decisión, sostuvo que la posibilidad de denunciar supuestas irregularidades no autorizaba a realizar señalamientos públicos ni a exponer a presuntos responsables sin una decisión judicial previa.

La defensa sostiene que, pese a esos antecedentes, el nuevo informe de la UIAF terminó reproduciendo cuestionamientos similares y los llevó nuevamente al escenario público.

¿Qué dice la denuncia sobre el supuesto abuso de poder?

Aquí aparece la acusación más delicada.

La defensa pide que se investigue si la inteligencia financiera del Estado pudo haber sido utilizada con una finalidad diferente de la que establece la ley, incluso como mecanismo de persecución contra personas relacionadas con EPS que han tenido enfrentamientos con el Gobierno.

Pero es importante aclarar: la denuncia plantea esa hipótesis y pide que sea investigada; no prueba por sí misma que haya existido una persecución.

Lo que sí cuestiona jurídicamente es si la UIAF contaba con las autorizaciones necesarias para desarrollar la actividad de inteligencia y si tenía facultades para realizar actuaciones que, según la defensa, corresponden a la Fiscalía o a otras autoridades.

¿Qué papel tienen las otras autoridades?

La denuncia también cuestiona que, además de la Fiscalía, el informe habría sido remitido a siete entidades: Superintendencia Nacional de Salud, Contraloría General, Superintendencia Financiera, Procuraduría, DIAN, Superintendencia de Sociedades y Superintendencia de la Economía Solidaria.

Según el abogado, a esas entidades se les habrían enviado instrucciones sobre actuaciones que debían adelantar.

Por eso el reclamo no se limita al contenido del informe. También busca establecer quién autorizó la circulación de esa información, quiénes tenían acceso a ella y bajo qué reglas fue compartida.

La denuncia pide, entre otras cosas, revisar los controles de difusión y trazabilidad de la UIAF, identificar qué funcionarios de esas siete entidades tenían autorización para recibir información de inteligencia y establecer si existió una autorización para la intervención de Mejía en el Consejo de Ministros.

¿Qué delitos se están investigando entonces y denuncia González?

La denuncia presentada por Jaime González plantea cuatro posibles delitos:

Abuso de función pública: es el cargo principal y busca establecer si Mejía ejerció funciones públicas diferentes de las que legalmente le correspondían. La norma sanciona al servidor público que abuse de su cargo para realizar funciones ajenas a las que tiene asignadas.

Abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto: se plantea como un cargo subsidiario, en caso de que la Fiscalía considere que la conducta no encaja en el delito de abuso de función pública.

Revelación de secreto: está relacionada con la supuesta divulgación pública de información que, según la denuncia, debía permanecer bajo reserva.

Utilización de asunto sometido a secreto o reserva: se plantea de manera alternativa y busca establecer si información reservada pudo ser utilizada para construir o impulsar los señalamientos contra determinadas personas.