El informe israelí detrás del ataque de Washington a la CPI, ¿qué hará Colombia?

El 10 de mayo de 2024, frente a la Asamblea General de las Naciones Unidas, el entonces embajador de Israel ante ese organismo, Gilad Erdan, introdujo una copia de la Carta de la ONU en una pequeña trituradora eléctrica que llevó consigo al podio. Lo hizo mientras acusaba a los delegados presentes de tener una postura antisemita, en medio del debate sobre una resolución que pedía al Consejo de Seguridad reconsiderar la membresía plena de Palestina en la organización. Esa resolución se aprobó horas después por 143 votos a favor y 9 en contra —entre ellos, Estados Unidos e Israel—. Semanas más tarde, Erdan dejó su cargo como embajador.

Ese gesto, que en su momento se leyó como una protesta simbólica, es hoy el punto de partida de una historia con ramificaciones concretas: el mismo diplomático es coautor, un año después, del documento que hoy sustenta la ofensiva diplomática de Estados Unidos contra la Corte Penal Internacional (CPI) y contra el sistema de Naciones Unidas en general —una ofensiva que ya llegó, en forma de llamado directo, a los países de América Latina.

Lo más reciente: sanciones a la cúpula de la CPI

Esta semana, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció sanciones contra la presidenta de la Corte Penal Internacional, la jueza japonesa Tomoko Akane, y contra un abogado litigante senior de la Fiscalía, el senegalés Abdoulaye Seye. La medida, anunciada por el secretario de Estado Marco Rubio, congela cualquier activo que ambos tengan bajo jurisdicción estadounidense y entra en vigor el 17 de septiembre.

Con esta ronda, la Corte contabiliza ya nueve de sus dieciocho jueces sancionados por Washington, además de los dos fiscales adjuntos, el exfiscal jefe —Karim Khan, quien fue apartado del cargo tras acusaciones de conducta sexual indebida en un proceso separado— y un funcionario adicional.

La CPI calificó la nueva sanción de “ataque flagrante” a su independencia. La Unión Europea, a través de su presidenta Ursula von der Leyen, expresó su respaldo a la institución. Países Bajos, sede del tribunal, manifestó su desaprobación de la medida.

Esta escalada no es un hecho aislado: es la fase más reciente de una campaña que la Casa Blanca ha calificado abiertamente como un esfuerzo para “desmantelar sistemáticamente” a la Corte Penal Internacional.

El informe: quién lo escribió y quién lo financió

El 17 de junio de 2026, el Misgav Institute for National Security and Zionist Strategy, un centro de estudios con sede en Jerusalén, publicó un documento de 52 páginas titulado “From UN Bureaucracy to American Global Leadership: A Strategy for Advancing American Interests by Disengaging from a Failed UN” (“De la burocracia de la ONU al liderazgo global estadounidense: una estrategia para promover los intereses estadounidenses desconectándose de una ONU fallida”).

Lo firman dos personas: Asher Fredman, director ejecutivo del Misgav Institute y exdirector para Israel del Abraham Accords Peace Institute, y Gilad Erdan, el mismo diplomático que trituró la Carta de la ONU en 2024, quien fue embajador de Israel ante ese organismo entre 2020 y 2024, y ante Estados Unidos en 2021.

El Misgav Institute se presenta a sí mismo como un centro independiente y no partidista. Sin embargo, está dirigido por Meir Ben-Shabbat, quien fue jefe del Consejo de Seguridad Nacional de Israel bajo el gobierno de Benjamín Netanyahu. Según registros citados por el diario israelí Haaretz, el instituto recibió más de dos millones de dólares en donaciones anónimas provenientes de Estados Unidos entre 2024 y 2025.

El informe fue promovido en Washington por la firma de lobby Mercury Public Affairs, contratada por cinco mil dólares para un mes de gestiones —según registros del FARA (Foreign Agents Registration Act) citados por Haaretz—, que incluyeron reuniones con congresistas y funcionarios de la Administración Trump.

Qué propone el documento

El informe concluye que Estados Unidos debe adoptar una estrategia que llama “Disengage, Withdraw, and Replace” (desconectarse, retirarse y reemplazar): dejar de financiar a la ONU, retirarse de la mayoría de sus organismos y construir alternativas por fuera del sistema multilateral. Su argumento central es que la estructura de “un país, un voto” de la ONU permite que China ejerza influencia sobre cerca del 70% de los miembros a través del bloque G77 más China, mientras Estados Unidos aporta cerca del 28% de todas las contribuciones gubernamentales al sistema.

La hoja de ruta se despliega en ocho pasos, entre ellos:

1. Adoptar en el Congreso una presunción de financiamiento cero automático a la ONU.
2. Estar dispuestos a perder el voto en la Asamblea General (bajo el Artículo 19 de la Carta) si eso implica dejar de financiar organismos considerados hostiles a los intereses de EE.UU.
3. Crear un grupo de trabajo interagencial para gestionar un retiro “legal y ordenado”.
4. Construir alternativas no vinculadas a la ONU: un “Humanitarian Delivery Compact”, una red de seguridad sanitaria post-OMS, una coalición tecnológica y de estándares, y una “Counter-Lawfare Coalition”.
5. Preservar solo la cooperación técnica “genuinamente útil” (aviación, correo, estándares técnicos).
6. Alinear la ayuda exterior y los beneficios diplomáticos con el comportamiento de terceros países en organismos internacionales.
7. Exigir aprobación del Congreso para cualquier reingreso futuro a organismos de los que EE.UU. se haya retirado.
8. Restringir visados e inmunidades a funcionarios de la ONU o entidades afiliadas vinculados a terrorismo o “lawfare” politizado.

El punto sobre la Corte Penal Internacional

El paso sexto de esa hoja de ruta es el que menciona explícitamente a la CPI.

“Estados Unidos debería alentar a otros países a abandonar, desfinanciar u oponerse a organizaciones internacionales sesgadas y corruptas, incluyendo el Consejo de Derechos Humanos, la UNRWA y la Corte Penal Internacional, y otros mecanismos vinculados a la ONU que atacan los intereses de Estados Unidos y sus aliados. Washington debería dejar claro que el alineamiento o la falta de alineamiento en organizaciones internacionales tiene consecuencias.”

Es una precisión necesaria: la CPI no es un organismo de la ONU —nace del Estatuto de Roma, un tratado independiente, del cual Estados Unidos nunca ha sido parte—. El informe la incluye, sin embargo, bajo la etiqueta genérica de “mecanismos vinculados a la ONU”, sin distinguir su estatus jurídico separado.

El propio documento respalda, además, las sanciones que el gobierno de Trump ya había impuesto contra funcionarios de la Corte, calificando su actuación contra Israel y Estados Unidos de “precedente peligroso”.

De la propuesta a la política exterior: Panamá y Colombia

Lo que el informe planteaba en junio ya se trasladó al terreno diplomático. El 12 de agosto de 2026, en Panamá, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, se dirigió a los países miembros de la Americas Counter-Cartel Coalition (ACCC) —una coalición de seguridad que agrupa a cerca de veinte gobiernos de América Latina y el Caribe— y los instó directamente a retirarse de la Corte Penal Internacional, acusando al tribunal de socavar la soberanía de sus países. Colombia ingresó esa misma semana como miembro número diecinueve de la coalición.

Hasta la fecha de esta nota, Bogotá no ha fijado una posición pública sobre ese llamado.