Alta Consejera para la Paz pide recuperar el control estatal tras presuntos castigos en Santa Marta
Jennifer del Toro reiteró que ninguna estructura armada puede asumir funciones de justicia y respaldó las acciones del Estado para recuperar el control territorial en Santa Marta.
Alta Consejera rechaza castigos sociales en Santa Marta. Foto: Alcaldía de Santa Marta/Captura de video
La Alta Consejería para la Paz de Santa Marta reiteró su rechazo a los presuntos castigos contra jóvenes de la ciudad, registrados en videos que circulan en redes sociales y que fueron atribuidos a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).
El nuevo pronunciamiento de la alta consejera para la Paz y el Posconflicto, Jennifer del Toro, se conoció luego de que las ACSN emitieran un comunicado en el que aseguraron estar verificando la autenticidad de las imágenes y anunciaron posibles sanciones internas para quienes resulten responsables.
“Impartir justicia en Colombia solo puede estar en cabeza del Estado. Ninguna estructura armada al margen de la ley puede sustituirla ni pretender reemplazarla” enfatizó Del Toro.
La funcionaria también señaló que la administración del alcalde Carlos Pinedo respalda las decisiones de Estado encaminadas al desmonte y acogimiento a la justicia de las estructuras armadas ilegales con presencia en el territorio.
En ese sentido, reiteró el respaldo del Distrito a la Fuerza Pública, la Fiscalía y al Gobierno del presidente Abelardo De la Espriella para garantizar el control territorial legítimo y fortalecer la presencia institucional en las comunidades campesinas e indígenas de la Sierra Nevada.
“Reiteramos el apoyo a la Fuerza Pública, a la Fiscalía y al gobierno del presidente Abelardo De la Espriella para garantizar el control territorial legítimo”.
Del Toro también sostuvo que el objetivo de estas acciones está relacionado con la recuperación de la institucionalidad y la consolidación del Estado Social de Derecho en el territorio.
La postura se suma a un primer pronunciamiento realizado por la funcionaria tras conocer los videos, cuando advirtió que los hechos “no son aislados” y los relacionó con el escenario de riesgo advertido por la Defensoría del Pueblo en la Alerta Temprana 020 de 2025.
“Ningún actor armado al margen de la ley tiene autoridad para juzgar, sancionar o disciplinar a la ciudadanía” advirtió la Alta Consejera para la Paz.
Y agregó que cuando un grupo ilegal asume esas funciones, “usurpa la soberanía estatal e impone control social por la vía del terror”.
La funcionaria pidió entonces a la Policía Metropolitana de Santa Marta y a la Fiscalía General de la Nación intensificar las investigaciones, individualizar a los responsables y llevarlos ante la justicia.
Los videos comenzaron a circular después de una riña protagonizada por varios jóvenes en el barrio 20 de Julio, en Santa Marta el madrugada del pasado lunes. En las imágenes aparecen realizando ejercicios y posteriormente barriendo un parque, en lo que sería un presunto mecanismo de castigo.
Mientras las autoridades verifican las circunstancias de los hechos y la responsabilidad de quienes aparecen en las imágenes, el caso vuelve a poner en el centro del debate el control territorial y social de las estructuras armadas ilegales en Santa Marta.