Mineros del sur del Atlántico levantan bloqueo de vía pero se mantienen en paro
Una comisión del Gobierno se reunirá este viernes con familias afectadas
Autoridades quemaron maquinaria amarilla en operativo contra minería ilegal
Los mineros tradicionales del corregimiento de Arroyo Piedra, jurisdicción de Luruaco, levantaron este miércoles el bloqueo que mantenían sobre el corredor de carga Cartagena - Barranquilla, luego de alcanzar un acuerdo con el Gobierno Nacional para instalar una mesa de diálogo el próximo viernes.
Sin embargo, anunciaron que el paro minero continuará y que las empresas dedicadas a la extracción de caliza permanecerán cerradas hasta obtener respuestas concretas sobre el proceso de formalización.
La decisión fue adoptada después de una conversación con funcionarios del Ministerio de Minas y Energía, quienes confirmaron el envío de una comisión integrada por representantes de esa cartera, la Agencia Nacional de Minería y el equipo encargado del proceso de formalización minera.
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“Se abrió la vía porque tuvimos una conversación con Bogotá. Llamaron del Ministerio de Minas y Energía y viene una comisión el viernes para hablar con nosotros. Entonces se acordó abrir la vía, pero el paro minero continúa y todas las empresas seguirán cerradas hasta que llegue la comisión”, señaló Natalia Franco, vocera de los mineros.
Esperan respuestas sobre la formalización
Los manifestantes insisten en que la protesta no finalizará hasta que exista una solución al conflicto que enfrentan desde hace más de dos años por el proceso de formalización minera.
Franco explicó que alrededor de 750 personas trabajan directamente en la minería tradicional en Arroyo Piedra y cerca de 1.500 familias dependen económicamente de esta actividad.
Según indicó, los trabajadores han adelantado durante más de dos años los trámites para formalizar su labor en el marco de la Ley 2250, participando en mesas técnicas con la Agencia Nacional de Minería y el Ministerio de Minas.
El origen del conflicto
De acuerdo con la vocera, la situación se agudizó luego de que la empresa Argos, titular de un título minero de 548 hectáreas, iniciara un proceso de cesión a dos empresas españolas. Los mineros solicitaron que 60 hectáreas fueran destinadas a su proceso de formalización, argumentando que la comunidad desarrolla actividades de minería tradicional en esa zona desde hace más de dos décadas.
Franco aseguró que posteriormente la empresa que recibiría la cesión presentó una denuncia ante la Fiscalía por presunta minería ilegal, una acusación que rechazó al afirmar que los trabajadores son mineros tradicionales que se encuentran adelantando un proceso de formalización respaldado por las autoridades competentes.
La representante también denunció que, mientras esperaban una respuesta sobre el proceso de formalización, se produjo el ingreso de autoridades a los predios, la quema de maquinaria utilizada para la extracción de caliza y el retiro de documentación perteneciente a varias empresas del sector.
“Nosotros estábamos en un proceso de formalización minera como mineros tradicionales. No teníamos la garantía de que estábamos formalizados, pero sí veníamos trabajando ese proceso con las entidades”, afirmó.
