10.000 vendedores ambulantes deberán cumplir con protocolo del uso del espacio público en Bogotá

El Instituto para la Economía Social de Bogotá avanza en la socialización de los protocolos que orientan el aprovechamiento económico del espacio público y la ruta que deben seguir las entidades distritales cuando se intervienen vendedores informales en la ciudad y cuando no se están cumpliendo con las normas para el uso del suelo.

La medida se hace necesaria porque Bogotá registra históricamente 95.040 vendedores informales caracterizados por el IPES, de los cuales más del 50 % son mujeres y el 33 % corresponde a personas mayores de 60 años, para quienes esta actividad representa una fuente fundamental de ingresos.

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“Estos protocolos nos permiten realizar un acompañamiento integral a los vendedores y vendedoras informales, garantizar su disfrute para toda la ciudadanía y ofrecer reglas claras, alternativas y acompañamiento para quienes desarrollan actividades económicas”, dijo Catalina Arciniegas, directora del IPES.

Los protocolos explican de manera práctica cómo funciona el aprovechamiento económico del espacio público en Bogotá. En ellos, se encuentra:

• Cómo funcionan las autorizaciones para desarrollar actividades económicas en el espacio público.
• Cuáles son las responsabilidades de las entidades involucradas y de quienes cuentan con autorización para ejercer estas actividades.
• Qué ruta institucional se activa durante los procesos de recuperación del espacio público, priorizando siempre la caracterización, la oferta de alternativas y el debido proceso.

Así mismo , los protocolos establecen las condiciones para el aprovechamiento económico del espacio público, definiendo criterios para garantizar la movilidad, la seguridad peatonal y el libre acceso.

También, identifican los espacios que no pueden ser ocupados bajo ninguna circunstancia, como hidrantes, rutas de evacuación, infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Público, accesos peatonales y demás elementos esenciales para la seguridad y la atención de emergencias.

Uno de los aspectos más importantes de estos protocolos es que priorizan el acompañamiento social antes de cualquier actuación policiva, mediante una ruta psicosocial en tres etapas:

Identificación y caracterización: Verificación de las condiciones de ocupación y caracterización de la población presente en la zona.

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Oferta de alternativas: Acceso a procesos de relocalización, programas deformación, vinculación a la oferta integral del IPES y activación de servicios sociales del Distrito según las condiciones de vulnerabilidad identificadas.

Acción policiva: Sólo procede una vez agotadas las etapas anteriores o en casos de ocupación indebida flagrante, garantizando siempre el debido proceso.

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