Gobierno propone reescribir Ley 30: cambios para ingreso a universidades, ICETEX y elección docente

El Gobierno Nacional y congresistas radicaron en la Cámara de Representantes el proyecto de reforma integral a la Ley 30 de 1992, una iniciativa que plantea ampliar el acceso a las universidades, fortalecer la financiación pública y reorganizar el sistema de educación superior.

La propuesta reemplazaría el marco legal que ha regido la educación superior durante más de tres décadas y redefine este nivel educativo como un derecho fundamental y un bien común. Además, plantea cambios en las reglas de admisión a las universidades, transforma el papel del ICETEX, modifica la elección de rectores, fortalece el bienestar estudiantil y reorganiza el sistema universitario del país.

Para la representante a la Cámara Isabel Vera Zapata, la reforma busca completar un proceso que comenzó este año con la modificación de la financiación de las universidades públicas. “La reforma integral a la Ley 30 es una deuda que se tenía hace 30 años con la comunidad educativa. Avanzó en este gobierno con la reforma a los artículos 86 y 87, pero ahora la profundiza. Ya conseguimos los recursos, ahora vamos a cuidarlos”, afirmó.

¿Qué propone la reforma a la Ley 30?

La iniciativa no se limita a modificar algunos artículos de la legislación vigente. Se trata de una reforma integral que reorganiza el sistema de educación superior y establece nuevas reglas para garantizar el acceso, la permanencia y la graduación de los estudiantes, fortalecer las instituciones públicas y orientar la educación superior hacia el desarrollo científico, tecnológico y social del país.

El proyecto también incorpora al nuevo texto los recientes cambios aprobados en la financiación de las instituciones públicas de educación superior, con el objetivo de que esos avances no se pierdan al derogarse la actual Ley 30.

Ingreso a universidades: así cambiarían las reglas de admisión

Uno de los cambios más relevantes está relacionado con el ingreso a la educación superior. El proyecto mantiene como requisito haber presentado las pruebas Saber 11 para acceder a programas de pregrado, pero establece que ese examen no podrá ser el único criterio de admisión ni utilizarse de manera discriminatoria.

Las universidades conservarán su autonomía para definir otros mecanismos de selección y, en el caso de las instituciones públicas, deberán promover el acceso de estudiantes con mayores barreras económicas, sociales o territoriales, así como de poblaciones de especial protección constitucional. La propuesta también contempla mecanismos como el reconocimiento de aprendizajes previos y la articulación con la educación media para ampliar las oportunidades de ingreso.

ICETEX: becas, créditos y el nuevo papel que tendría la entidad

Otro de los cambios está relacionado con el ICETEX. La reforma propone cambiar su nombre por Instituto Colombiano de Estímulos para la Educación Superior en Colombia y en el Exterior, reflejando un nuevo enfoque que busca reducir la dependencia del crédito educativo.

El proyecto fortalece las becas, los apoyos económicos no reembolsables y los créditos con posibilidad de condonación, además de crear un fondo público para financiar estos estímulos, especialmente en programas de posgrado.

Sobre este punto, Vera Zapata explicó que “en términos del ICETEX, lo que hace es que vuelva a su vocación de financiar estudios de posgrado y formación en el exterior y que, en general, la comunidad se pueda vincular a la veeduría para que los recursos lleguen a donde tienen que ir”.

Bienestar estudiantil: alimentación, salud mental, transporte y residencias

La reforma también fortalece las políticas de bienestar universitario. Las instituciones deberán promover programas de salud física y mental, alimentación, transporte, residencias estudiantiles, cuidado infantil, actividades deportivas y culturales, salud sexual y reproductiva, accesibilidad y prevención de violencias, con el propósito de reducir la deserción y facilitar la permanencia de los estudiantes.

Asimismo, establece que los cobros en las universidades públicas deberán tener en cuenta la capacidad económica de los estudiantes y no podrán convertirse en un obstáculo para ingresar, permanecer o graduarse.

Rectores y universidades públicas: así sería el nuevo modelo de elección

La iniciativa también modifica las reglas para elegir rectores en las instituciones públicas de educación superior. Aunque cada universidad mantendrá su autonomía para reglamentar el proceso, el proyecto fija unos criterios mínimos que incluyen consultas a estudiantes, docentes, egresados y trabajadores; evaluación de la hoja de vida de los aspirantes; presentación pública de sus propuestas y entrevistas.

Además, ninguno de esos criterios podrá representar más del 40 % del puntaje total del proceso de selección.

La reforma propone igualmente reemplazar el actual Sistema Universitario Estatal (SUE) por el Consejo de Instituciones de Educación Superior Estatales (CIESE), un organismo que reuniría representantes del Gobierno, rectores, docentes, estudiantes, egresados, trabajadores, el sector productivo y organizaciones comunitarias para coordinar las políticas del sistema público universitario.

Reforma a la Ley 30: ¿Qué sigue en el Congreso?

El proyecto comenzará ahora su trámite legislativo y deberá superar cuatro debates en el Congreso antes de convertirse en ley. Durante ese proceso, los congresistas podrán presentar modificaciones a una iniciativa que busca reemplazar la Ley 30 de 1992 y redefinir las reglas de funcionamiento de la educación superior en Colombia.

Si la reforma es aprobada, el país tendría un nuevo marco legal para la educación superior, con cambios en el acceso a las universidades, la financiación del sistema, el funcionamiento del ICETEX, la elección de directivas universitarias y las estrategias de bienestar estudiantil, en lo que sería la transformación más amplia del sector desde la expedición de la Ley 30 hace más de tres décadas.