Cambia el cobro por el uso del agua en Colombia: estas son las nuevas reglas que empezarán a regir

El Gobierno Nacional expidió el Decreto 0700 de 2026, con el que modifica la forma en que se calcula la Tasa por Utilización de Agua (TUA). Se trata del cobro que hacen las autoridades ambientales a quienes tienen permiso para captar agua de ríos, quebradas, lagunas o fuentes subterráneas para actividades como la agricultura, la ganadería, la industria, la generación de energía, la pesca, la acuicultura o el abastecimiento de acueductos.

La reforma busca que el valor que pagan los usuarios no dependa únicamente de criterios técnicos relacionados con la disponibilidad del recurso, sino que también tenga en cuenta las condiciones sociales y económicas de quienes utilizan el agua y de los territorios donde desarrollan sus actividades. De acuerdo con el Gobierno, el objetivo es avanzar hacia un sistema de cobro más transparente, con enfoque de justicia ambiental y que reconozca las diferencias entre las regiones del país.

¿Qué cambia con el nuevo decreto?

Uno de los principales cambios es la incorporación de nuevas variables para calcular la tarifa.

A partir de 2027, además de los criterios técnicos que ya existían, también se tendrán en cuenta aspectos como:

• Las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) del municipio.
• La categoría del municipio.
• La clasificación del usuario en el Sisbén, cuando aplique.
• Si el agua se utiliza de manera individual, colectiva o comunitaria.

La presión que existe sobre las fuentes hídricas en cada territorio, con base en indicadores definidos por el Ideam.

Según el Ministerio de Ambiente, estos cambios buscan que el cobro refleje mejor la realidad de cada región y que exista un tratamiento diferencial para las familias campesinas, las comunidades rurales y los pequeños productores agropecuarios.

¿A quiénes aplica la medida?

La Tasa por Utilización de Agua no es un cobro para todos los ciudadanos ni significa que aumentará la factura del servicio de acueducto en los hogares.

Aplica a las personas naturales o jurídicas que cuentan con autorización para utilizar agua de fuentes superficiales o subterráneas en actividades como la agricultura, la ganadería, la industria, la generación de energía, la pesca, la acuicultura o el abastecimiento colectivo de agua, entre otros usos contemplados en la legislación ambiental.

¿Por qué se hizo esta modificación?

El Gobierno explicó que el nuevo esquema busca incorporar criterios de justicia ambiental, es decir, que las condiciones sociales también sean tenidas en cuenta al momento de calcular cuánto debe pagar cada usuario.

La modificación también responde a una revisión del modelo de cobro vigente, realizada tras mesas de trabajo con distintos sectores productivos, con el propósito de hacer más claras las reglas de cálculo y reconocer que no todos los usuarios enfrentan las mismas condiciones para acceder y utilizar el recurso hídrico.

Asimismo, el decreto explica que los recursos obtenidos por esta tasa deberán destinarse exclusivamente a acciones para proteger el agua y los ecosistemas.

Entre las inversiones permitidas están:

• La protección y recuperación de ríos y quebradas.
• La conservación de cuencas hidrográficas.
• El monitoreo del recurso hídrico.
• La restauración y preservación de páramos.
• Programas para el uso sostenible del agua y la generación de conocimiento sobre estos ecosistemas.

¿Cuándo empezará a regir?

Aunque el decreto ya fue expedido, las nuevas reglas comenzarán a aplicarse el 1 de enero de 2027.

Durante ese año, las autoridades ambientales deberán actualizar sus sistemas de información, monitoreo y facturación para implementar la nueva metodología. Una vez concluya ese proceso, los cobros deberán ajustarse a las disposiciones del nuevo decreto.

La intención, según los ministerios de Ambiente y Agricultura, es que los recursos recaudados regresen a los territorios convertidos en acciones para proteger ríos, cuencas, páramos y otras fuentes hídricas, al tiempo que el esquema de cobro reconozca las condiciones de las comunidades rurales y de quienes dependen del agua para producir alimentos.