Condenan a ocho implicados en millonaria estafa de Global Brokers tras más de una década de proceso

Después de más de diez años de investigaciones, audiencias y recursos judiciales, un juzgado de Barranquilla emitió sentencia en primera instancia dentro del caso de la firma Global Brokers, una de las investigaciones por presunta estafa más complejas y prolongadas que ha enfrentado la justicia en la región Caribe.

La decisión judicial condenó a ocho personas por el delito de estafa, mientras que una fue absuelta y otra recibió una recalificación de su conducta de coautora a cómplice, situación que le permitió obtener la libertad al considerar cumplida la pena impuesta.

John Faber Buitrago, abogado penalista y representante de algunas de las víctimas, explicó que el fallo descartó la existencia de otros delitos que inicialmente fueron atribuidos a los procesados.

“Se estableció en primera instancia que no existió el delito de captación masiva e ilegal de dinero, tal como también lo había señalado en su momento la Superintendencia Financiera. Igualmente, el delito de concierto para delinquir fue declarado prescrito. El único pronunciamiento condenatorio fue por el delito de estafa”, señaló el jurista.

Según Buitrago, la investigación se originó a partir de denuncias presentadas desde 2015 por ciudadanos de Barranquilla y otras ciudades del país que acudieron a la empresa buscando alternativas para adquirir bienes sometidos a remate judicial.

La modalidad de negocio de Global Brokers estaba basada en la gestión de derechos litigiosos mediante contratos de mandato, una figura legal permitida por la legislación colombiana. Sin embargo, de acuerdo con la Fiscalía, en varios casos los compromisos adquiridos con los clientes no fueron ejecutados, generando pérdidas económicas para decenas de inversionistas.

“El reclamo generalizado fue que en algunos contratos no se realizó ninguna gestión, pese a los recursos entregados por los clientes. Ese fue el fundamento principal de la acusación que terminó derivando en la condena por estafa”, explicó.

El abogado también cuestionó que durante el proceso fueran vinculados trabajadores de bajo nivel jerárquico dentro de la empresa, entre ellos recepcionistas, mensajeros, secretarias y vendedores.

“A nuestro juicio, la responsabilidad debía concentrarse en los gestores, directores o representantes legales de las empresas y no en personas que pudieron haber sido instrumentalizadas dentro de la estructura empresarial”, sostuvo.

Víctimas aún deberán buscar reparación económica

Aunque la sentencia representa un avance para quienes denunciaron haber sido afectados, el representante de víctimas advirtió que la recuperación de los recursos perdidos aún dependerá de nuevas actuaciones judiciales.

Una vez la condena quede en firme, los afectados podrán promover el correspondiente incidente de reparación integral para reclamar indemnizaciones por los perjuicios sufridos.

La sentencia aún no está en firme. Tanto las defensas de los condenados como la Fiscalía y las propias víctimas interpusieron recursos de apelación, por lo que el expediente pasará ahora al Tribunal Superior de Barranquilla.

Otro aspecto destacado por la defensa es que varios de los procesados permanecieron durante años bajo medidas de aseguramiento, principalmente detención domiciliaria, mientras avanzaba el juicio.

“Muchas de estas personas han estado privadas de la libertad durante buena parte de estos casi diez años de proceso, por lo que en la mayoría de los casos ya tendrían la pena cumplida”, precisó el abogado.