Relatoría de la CIDH pidió al Estado proteger a los periodistas, tras el crimen de Mateo Pérez

Justicia

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le pidió al Estado colombiano que garantice la protección de los periodistas.

Esto, luego del homicidio del periodista Mateo Pérez Rueda, director del medio digital El Confidente, de Yarumal, norte de Antioquia. Los hechos ocurrieron el pasado 5 de mayo de 2026 en zona rural de Briceño.

“La Relatoría Especial observa que el asesinato de Mateo Pérez Rueda evidencia la situación de riesgo y vulnerabilidad en la que periodistas locales ejercen su labor en territorios afectados por el conflicto armado en Colombia. En particular, la Defensoría del Pueblo de Colombia ha advertido que el municipio de Briceño enfrenta una crisis humanitaria derivada de la confrontación entre grupos armados que disputan el control territorial. Estas dinámicas han generado temor generalizado, restricciones a la movilidad y graves afectaciones a la población civil”, se señaló en el pronunciamiento de la Relatoría.

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Ataques solo buscan silenciar a la prensa

La Oficina consideró que el periodismo es fundamental para los territorios que viven en medio de la violencia.

También sostuvo que el acceso a información independiente garantiza la democracia, la protección de los derechos humanos y el respeto por el derecho al acceso a la información.

“Los ataques contra la prensa en estos territorios no solo buscan silenciar a las y los periodistas, sino que también generan efectos de intimidación y limitan la libre circulación de la información hacia las comunidades”, se lee en el pronunciamiento.

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El Estado debe proteger a los periodistas

La Relatoría también señaló que el Estado colombiano, en cumplimiento de sus obligaciones de prevención, protección y promoción de justicia, debe adoptar y fortalecer medidas que garanticen el ejercicio libre y seguro del periodismo, mitiguen los riesgos inherentes a esta labor y aseguren respuestas efectivas frente a amenazas y actos de violencia, especialmente en zonas afectadas por el conflicto armado.

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En ese sentido, le pidió al Estado colombiano que garantice la “investigación del asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda de manera pronta, exhaustiva e independiente; identificar y sancionar a todos los responsables; y adoptar medidas urgentes de prevención y protección frente a toda forma de violencia e intimidación contra la prensa, particularmente aquella que desarrolla su labor en territorios bajo influencia o control de actores armados ilegales”.