Segunda fase desfalco UNGRD: Tres de los ocho procesados están negociando preacuerdo con Fiscalía

Justicia

Caracol Radio conoció en primicia que tres de los ocho procesados por la segunda fase del desfalco de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, iniciaron negociaciones con la Fiscalía General de la Nación.

Se trata de: Ana María Riveros, Sonia Rocio Romero y Édgar Riveros Rey.

Esto en medio de la investigación que adelanta el ente acusador por la presunta entrega irregular de $100 mil millones en un convenio entre la Agencia Nacional de Tierras y la UNGRD.

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El fiscal Gabriel Sandoval reconoció, en medio de la audiencia que se realizó en la mañana de este jueves, que se adelanta una negociación con los tres procesados, por lo que no serán acusados mientras se determinan los alcances de los preacuerdos y principios de oportunidad.

“Han hecho presencia en la Fiscalía General de la Nación para hacer acercamientos respecto de la finalización anticipada del proceso y colaboración en virtud de principios de oportunidad. La Fiscalía ha estado atenta durante todo el transcurso de esta actuación, incluso desde antes de la vinculación de estas personas a través de imputación y de las solicitudes de medida de aseguramiento, no solamente con ellos, sino con todos los procesados dentro de esta carpeta, para adelantar conversaciones de esta naturaleza”, señaló Sandoval.

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Los abogados de Ana María Riveros, Sonia Rocío Romero y Edgar Rivero Rey han solicitado avanzar en una negociación que contribuya al esclarecimiento de los hechos y a que se imparta justicia prontamente.

“Y por esa razón, tan pronto comunicaron su intención de tener reuniones con la Fiscalía General de la Nación, dispusimos en el menor tiempo posible las mismas. De hecho, el lunes de esta semana tuvimos una reunión con los tres defensores. Avanzamos bastante en punto de los límites y en el marco general de la negociación”, detalló el fiscal Sandoval.

También explicó que la negociación que se adelanta busca no solo “la terminación anticipada en virtud de un preacuerdo o un eventual allanamiento a cargos, sino, igualmente, la posibilidad de un principio de oportunidad como forma conexa de realizar una terminación anticipada y la suspensión, llegado el caso, respecto de ciertos delitos”.

Debido a esto, la juez décima Penal Especializada de Bogotá ordenó la ruptura procesal y se continuará con la audiencia de acusación en el caso de los otros cinco procesados entre los que se encuentra César Manrique, exdirector de la Función Pública y de quien se desconoce su paradero.

El viernes 24 de julio a partir de las 9:00 de la mañana se hará la verificación del preacuerdo.

Francisco Javier Estupiñán Bravo

El fiscal Sandoval también señaló que, de manera independiente, se avanza con Francisco Javier Estupiñán Bravo, quien se acogió a allanamiento parcial de cargos, lo que representa una condena.

Por los otros dos delitos se está negociando un principio de oportunidad.

Este es el caso

En su momento, la Fiscalía informó que “las evidencias indican que habría gestionado la entrega de 100.000 millones de pesos de un convenio entre la Agencia Nacional de Tierras y el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres”.

Al parecer, a cambio de esta gestión, solicitó que los contratos que surgieran de estos recursos fueran entregados a oferentes específicos.

También se conoció que los otros implicados “presuntamente participaron en el direccionamiento de contratos relacionados con la compra de 40 carrotanques pequeños, el suministro de plantas desalinizadoras, la puesta en funcionamiento de pozos de agua potable, con sus respectivas interventorías, y una vinculación por prestación de servicios de topografía a nivel nacional”.

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El contrato asociado con el suministro de carrotanques para llevar agua potable a comunidades indígenas en La Guajira se suscribió en octubre de 2023 por 29.000 millones de pesos, con la Corporación Mixta Yapurutú.

“Aquí fueron detectados sobrecostos por 11.114 millones de pesos, de los cuales 3.000 millones de pesos fueron entregados a Manrique Socha, 2.060 millones de pesos a Riveros Rey y 4.330 millones quedaron en manos de los directivos de Yapurutú”, explicó la Fiscalía.