7.768 personas afectadas por desplazamientos y 39.807 por confinamientos en Colombia

Bogotá

Según la Defensoría del Pueblo entre el 1 de enero al 31 de marzo de este 2026 se registraron 40 eventos de desplazamiento forzado masivo y 26 confinamientos en Colombia.

Desplazamiento forzado

En el primer trimestre de este año 7.768 personas se vieron afectadas por el conflicto armado lo que las llevó a desplazarse.

Magdalena (en los municipios de Aracataca, Ciénaga, Fundación y Pivijay) fue el departamento más afectado por el desplazamiento forzado masivo con más de 1.900 personas afectadas.

Le siguen Norte de Santander (El Tarra, Ocaña y Tibú) y Cauca (Argelia, Buenos Aires, López y Suárez) con más de 1.800 y 1.300 personas, respectivamente. En menor medida, Caquetá (San José del Fragua) y Vichada (La Primavera) se vieron afectados.

Las conductas y afectaciones a los derechos humanos más recurrentes de los actores armados y causantes de los desplazamientos masivos en el país son las amenazas, los actos terroristas, los homicidios, la pérdida de bienes y el uso de minas antipersonal, municiones sin explotar y artefactos explosivos improvisados.

Confinamientos

Esta dinámica que limita la movilidad de las comunidades afectó entre enero y marzo de este año a 39.807 personas en el país.

El departamento del Cauca (en los municipios de Guapi, Santander de Quilichao, Sucre y Timbiquí), con más de 9.300 personas afectadas, fue el más golpeado por el confinamiento. Le siguieron Chocó con 7.765 personas (en los municipios de Alto Baudó, Atrato, El Carmen de Atrato, El Litoral del San Juan, Nuquí y Tadó), Caquetá con 5.030 personas (en los municipios de Cartagena del Chairá y San José del Fragua), Antioquia con 5.023 personas (en Briceño, El Bagre, Frontino, Remedios y Segovia), Bolívar con 3.882 personas (en Norosí y Santa Rosa del Sur), Norte de Santander con 3.000 personas (en el municipio de La Esperanza). Luego están Putumayo con 2.700 personas (en Puerto Legízamo), Magdalena con 2.581 personas (en Aracataca), Meta con 276 personas (en Lejanías) y Guainía con 155 personas (en Inírida).

Para la Defensoría del Pueblo estas situaciones que vulneran los derechos de la población civil hacen necesario fortalecer la articulación y coordinación del Gobierno Nacional para garantizar una atención y asistencia oportunas, con respuestas sostenidas y planificadas para las comunidades en situación de desplazamiento y confinamiento.