Los detalles del revés de Colombia ante el CIADI por el que deberá indemnizar a Telefónica
Según una fuente cercana al proceso, el presidente Gustavo Petro conoció la decisión del CIADI días antes de anunciar que Colombia se retiraría de ese tribunal de arbitraje
En medio de la crisis fiscal por la que atraviesa Colombia, el gobierno recibió otro baldado de agua fría: el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) aceptó la solicitud de Telefónica de levantar la suspensión y ordenar el pago de 379,8 millones de dólares a la multinacional española producto de la sanción proferida contra Colombia.
La compensación fue tasada en 1,3 billones de pesos y se relaciona con el pleito que sostiene la Nación con esa compañía de telecomunicaciones por cuenta de la reversión de activos e infraestructura tras culminar su concesión, pactada a 20 años.
La determinación fue adoptada por el comité ad hoc, quien tras la petición de levantamiento del pago por parte de Telefónica, condicionó la suspensión del desembolso a que Colombia presentara una garantía por el valor del desembolso, 379,8 millones de dólares. Dicha garantía no se presentó en el término máximo posible, 30 días.
Los detalles de por qué no se pudo presentar la garantía de pago
La Unidad Investigativa de Caracol Radio conoció que, Colombia tuvo plazo hasta hace unos días para poder presentar dicha garantía y así frenar el desembolso del dinero, pero a pesar de los intentos de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) por acceder a la promesa de dichos recursos, no fue posible.
Según fuentes cercanas al proceso, la Nación no pudo hacerlo porque el presupuesto del 2026 ya estaba comprometido y no había disponibilidad para constituir esa garantía.
Para tratar de resolver esa situación, la entidad sostuvo reuniones con el Ministerio de Hacienda para buscar alternativas, pero la estrechez en las finanzas públicas cerró completamente la puerta. Igual sucedió con el Ministerio de las TIC, que no tenía la disponibilidad presupuestal.
Igualmente, la defensa de la Nación acudió a por lo menos tres bancos con la intención de poder acceder a esa garantía. Aquí el escenario también fue adverso en vista de que resultaba sumamente costoso el importe o costo mensual que se tendría que pagar durante el tiempo que estuviese activa.
Esta Unidad Investigativa pudo establecer con fuentes cercanas al caso, que hasta la publicación de este informe, Telefónica no se ha acercado a cobrar la condena.
Los intereses convierten también esta deuda en un serio dolor de cabeza
A la fecha, Colombia no solamente le debe 379,8 millones de dólares a Telefónica (el monto es de tal magnitud que este valor es superior al que pagó Milicom a inicios de este año por el control del 67,5% de Telefónica Colombia). Los intereses de esta deuda la están engrosando gravemente en detrimento de las finanzas públicas.
El Estado colombiano ya debe más de 150 millones de dólares en intereses que fueron fijados en un 5% sobre el valor de la condena por cada año que transcurre desde 2017. A corte de este año se cumplirá un año más y los intereses superarían los 172 millones de dólares, casi la mitad del monto de la sentencia. A esto se le debe sumar los 4 millones de euros que tendrá que reconocerle Colombia a los abogados de la firma española por orden del CIADI.
Un alto funcionario le dijo a esta Unidad Investigativa que si Colombia tuviera los recursos habría pagado hace tiempo para evitar que los intereses sigan creciendo en medio de la actual crisis fiscal. Y aunque hay en curso una solicitud de anulación de todo el proceso, esta no frena la obligación del desembolso.
El presidente Petro anunció el retiro de Colombia del CIADI días después de esta decisión
El presidente Gustavo Petro fue enterado de esta determinación adversa debido a la falta de presentación de la garantía bancaria. Según las fuentes consultadas, esta decisión del CIADI fue clave para que el jefe de Estado decidiera que el país se retire de ese tribunal de arbitramento.
Colombia reprocha que ese Centro de arbitraje fallara en contra del Estado, cuando en otros casos similares y con los mismos argumentos la Nación resultó ganadora, teniendo en cuenta además que el contrato aplicable a Telefónica se firmó en 1994 y en una de sus cláusulas se especificaba que la reversión de activos abarcaba bienes.
Los argumentos de Telefónica
A lo largo del laudo, Telefónica fue insistente en plantear que la legislación colombiana había modificado en 1998 los criterios de reversión de bienes por medio de la ley 422 y posteriormente a través de la ley 1341 de 2009.
Con esto buscaron dejar claro que la legislación colombiana evolucionó la reversión de activos, limitándola solamente al espectro electromagnético y no a los bienes e inversiones al finalizar la concesión, en este tipo de contratos.
De hecho, uno de esos argumentos favorables a la compañía provino de uno de los propios ministros de Estado, Diego Molano Vega, quien como ministro de las TIC, en un debate en el Congreso el 27 de noviembre de 2012, defendió que la legislación solamente obligaba a la devolución del espectro electromagnético en ese tipo de contratos para beneficiar la inversión en Colombia. Estos argumentos fueron incluidos en la demanda de Telefónica contra la Nación.
Con base en la decisión del CIADI, entidad que hace parte del Grupo Banco Mundial, la compañía de telecomunicaciones podrá exigir el desembolso inmediato de esos recursos. Si más adelante prospera el recurso de anulación interpuesto por Colombia, que tendrá audiencia en los próximos meses, Telefónica tendría que devolverlos.