Sacan de la Procuraduría a funcionario después de hacerle preguntas incómodas a Zulema Jattin

Zulema Jattin fue representante a la Cámara y después senadora, es heredera de una de las dinastías políticas de Córdoba. Fue procesada por sus relaciones con los paramilitares, especialmente ‘Jorge 40′, Salvatore Mancuso y Rodrigo Mercado Pelufo, alias ‘Cadena’, autor de las masacres de El Salado y Macayepo.

Hace un tiempo la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, le concedió el beneficio de libertad condicional por su posible aporte para establecer la verdad de lo que pasó en Córdoba y Sucre.

En una diligencia de ampliación de versión voluntaria, asistió como delegado de la Procuraduría el abogado asesor Carlos Alberto Garzón.

La diligencia avanzaba normalmente hasta cuando el abogado Garzón, a nombre del Ministerio Público, le hizo tres preguntas que molestaron notablemente a la excongresista:

Las preguntas tuvieron que ver con el exzar anticorrupción de la Fiscalía, Luis Gustavo Moreno, quien fue extraditado a Estados Unidos después de ser grabado por la DEA recibiendo un soborno.

La segunda mención que molestó a la señora Jattin fue la de Jairo Andrés Angarita, segundo de Salvatore Mancuso, a quien la congresista propuso en 2006 como segundo de su lista.

Y la tercera que sacó de casillas a la exsenadora fue la mención de William Salleg, dueño del periódico El Meridiano de Córdoba, un medio que de acuerdo con un pronunciamiento del Tribunal de Justicia y Paz de Medellín “sirvió como instrumento para propagar el ideario de los grupos paramilitares, justificar el fenómeno, lo que lo hace responsable ante la Ley”.

Las preguntas no eran traídas de los cabellos. Hacían parte de un cuestionario enviado por el Procurador Primero Delegado ante la JEP, Eduardo Padilla, y apuntaban a establecer la situación en las regiones de Valencia y Tierralta durante el auge de los escuadrones de la muerte paramilitares.

Sin embargo tanto la exsenadora Jattin como su abogado se pusieron furiosos. La magistrada Nadiezdha Hernríquez, quien presidía la diligencia, apoyó las preguntas del delegado de la Procuraduría.

Sin embargo al terminar el interrogatorio el jefe del abogado Carlos Alberto Garzón, el procurador delegado Eduardo Padilla, le escribió y lo llamó para decirle que había recibido llamadas del Procurador General, Gregorio Eljach y del coordinador de delegadas ante la JEP, preguntando que era lo que había pasado en la diligencia.

Al día siguiente, el abogado Garzón recibió una resolución firmada por el Procurador General, Gregorio Eljach, declarándolo insubsistente.

Anoche consulté al señor Procurador General, Gregorio Eljach, quien me respondió que como ya existe una demanda contra el acto administrativo prefiere no pronunciarse por respeto a la autoridad judicial cuya decisión cumplirá.

Bonus track

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, testificó este martes, 24 de marzo, ante un Tribunal Federal establecido en Miami que juzga al excongresista David Rivera, antiguo aliado y amigo de Rubio.

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Rivera es procesado porque actuaba como lobista del régimen de Nicolás Maduro, con multimillonarios pagos aprobados por la hoy presidenta interina Delcy Rodríguez, en ese momento canciller de Venezuela.

El testimonio del secretario de Estado se extendió por tres horas y dijo que ignoraba que Rivera estuviera haciendo lobby para Maduro cuando le pedía reuniones y que lo sorprendía mucho.

Aseguró que en 2017 Rivera le dijo que venía hablando con el boliburgués Raúl Gorrín, hoy detenido en Caracas, de un plan para que Nicolás Maduro dejara en cargo.

Muchas cosas que han sucedido desde el 3 de enero de este año se parecen al plan descrito por David Rivera.