¡Escándalo electoral en Bolívar! Denuncian red de sobornos y fraude para alterar los escrutinios
Mientras José Ricardo ‘Jocho’ Ardila acudió a la Fiscalía por presunta manipulación de formularios E-14, el equipo de Alonso del Río rechazó los señalamientos y anunció demandas por calumnia
// Caracol Radio Cartagena
El ambiente político en Bolívar sube de temperatura tras el cierre de las urnas. Lo que comenzó como una disputa de votos en las mesas se ha trasladado a los estrados judiciales. José Ricardo ‘Jocho’ Ardila, candidato a la Cámara por el Centro Democrático, radicó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación por una presunta alteración de resultados electorales que, según él, busca favorecer al candidato conservador Alonso del Río.
Ardila sostiene que se estaría gestando una maniobra fraudulenta para arrebatarle la curul que obtuvo con más de 61.000 votos. “La información que hemos recibido indica que se estaría sobornando a miembros de las comisiones escrutadoras en los municipios para modificar los formularios E-14”, afirmó el aspirante, subrayando su preocupación por el inusual retraso en los escrutinios, que en algunas zonas no supera el 2% tras más de 36 horas del cierre de la jornada.
La defensa de Alonso del Río responde
Ante la gravedad de los señalamientos, el equipo jurídico de Alonso del Río rompió el silencio. Mediante un comunicado oficial, los abogados del candidato conservador rechazaron tajantemente las declaraciones de Ardila, calificándolas de “infundadas” y carentes de sustento probatorio.
Para la defensa de Del Río, estas acusaciones no solo afectan el buen nombre de su cliente, sino que representan un ataque directo a la idoneidad de los funcionarios que integran las comisiones escrutadoras. El equipo legal advirtió que Ardila podría estar incurriendo en delitos de calumnia y falsa denuncia, por lo que anunciaron que iniciarán acciones judiciales para defender la honra y dignidad del candidato.
Vigilancia extrema en los escrutinios
Mientras Jocho Ardila pide la intervención urgente de la Procuraduría y la Fiscalía para vigilar cada zona de escrutinio en Cartagena y Bolívar, el bando conservador insiste en que el proceso se desarrolla bajo el imperio de la ley.
El choque de versiones mantiene en vilo la definición de la última curul de la Cámara por el departamento, mientras la autoridad electoral avanza lentamente en el conteo final. Por ahora, la contienda electoral ha mutado en una batalla legal donde las pruebas que presente la Fiscalía serán determinantes para legitimar el resultado de las urnas.