¿Retornará la normalidad a los municipios de la Zona de Amenaza Alta del Volcán Galeras?

Pasto-Nariño

El 15 de noviembre de 2005 a través del Decreto Presidencial 4106 y ante la actividad que para esa época registraba el Volcán Galeras, fue declarada la Zona de Amenaza Alta Volcánica que abarca un área de Pasto, Nariño y la Florida, como zona de desastre. Desde entonces en esos territorios se frenaron las inversiones públicas, se detuvo el desarrollo urbanístico, se trastornó la economía y en general la vida de los habitantes que históricamente han vivido al pie del Volcán.

Transcurridas más de dos décadas se ha librado varias batallas jurídicas buscando que la medida se derogue, tras el fallido proceso de reasentamiento a través del denominado Proceso Galeras, el cual según habitantes y las propias autoridades no logró los objetivos planteados.

Después de este tiempo y ante una Sentencia la T-269 de la Corte Constitucional se da un paso importante para seguir el trámite ante el Gobierno que permita derogar el acto administrativo que declaró: ‘La Zona de desastre’. El Gobierno Departamental con el aval de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres emitió el Decreto a través del cual se adopta el nuevo Plan Integral de Gestión del Riesgo, construido junto con la UNGRD.

Según el director de la entidad, Carlos Carrillo, la decisión permitirá actualizar y armonizar el ordenamiento territorial en las áreas previamente delimitadas por la Zona de Amenaza Volcánica Alta (ZAVA), orientando las decisiones hacia el bienestar de las comunidades y el desarrollo local sostenible.

¿Qué se necesita para retornar a la normalidad en la ZAVA?

El director de la UNGRD solicitará ante el Consejo Nacional de Gestión del Riesgo levantar la declaratoria de desastre en el departamento de Nariño y emitir un decreto que permita el regreso a la normalidad en la zona de amenaza alta del volcán Galeras.

De ser avalado el proceso por el Consejo Nacional, el departamento podrá avanzar hacia el retorno a la normalidad lo que permitirá a las autoridades territoriales ajustar el uso del suelo y destrabar iniciativas que han permanecido congeladas durante dos décadas. La decisión final deberá será adoptada por dicho Consejo con base en los estudios técnicos y será formalizada mediante decreto presidencial.