Contrato 1767 en Tunja, bajo la lupa por presuntas fallas en los presupuestos participativos

Tunja

Una investigación de Caracol Radio ha puesto en evidencia denuncias de líderes comunales, un abogado y un concejal sobre presuntas irregularidades en la ejecución de los recursos de presupuestos participativos en Tunja, especialmente en el contrato 1767 de 2025, suscrito por la administración del alcalde Mikhail Kasnov con la empresa Don Matías.

Las denuncias apuntan tanto a la modalidad de contratación como a la ejecución de las obras en distintos barrios de la ciudad, donde, según los presidentes de juntas de acción comunal, los trabajos presentan retrasos, cambios en lo priorizado por la comunidad y posibles deficiencias en materiales y acabados.

Señalamientos jurídicos

El abogado y presidente de la Junta de Acción Comunal de Remanzos de la Sabana, Juan Moreno, aseguró que desde hace varios meses viene haciendo seguimiento a los contratos firmados por la administración municipal.

Según explicó, el cuestionamiento principal radica en que las obras se habrían tramitado mediante contratos y no mediante convenios interadministrativos, figura que —a su juicio sería la procedente para este tipo de ejecución.

“Los contratos que he evidenciado son el 1767 de 2025, firmado entre la alcaldía mayor de Tunja con la empresa Don Matías,El Estatuto General de la Contratación Pública prohíbe contratar obras públicas mediante la modalidad de contratación directa. Preliminarmente, se estaría hablando de un posible delito como el contrato sin cumplimiento de requisitos legales”, afirmó.

El jurista indicó que ya interpuso denuncias ante la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación, y que el proceso actualmente se encuentra en etapa de indagación.

Además, señaló que solicitó a la Fiscalía que se evalúe una medida de aseguramiento contra el mandatario local. “Ni siquiera se ha realizado la audiencia de imputación de cargos, que es la que formalmente inicia el proceso penal. Será en esas audiencias preliminares donde se determine si procede o no una medida”, explicó.

Moreno insistió en que será la justicia la que determine si existe o no responsabilidad penal, pero reiteró que, en su criterio, la modalidad utilizada podría vulnerar lo establecido en la Ley 80 de contratación pública.

Obras inconclusas y reclamos en el barrio Santana

En el barrio Santana, el presidente de la Junta de Acción Comunal, Diego Rodríguez, denunció retrasos y afectaciones tras la intervención del salón comunal con recursos de presupuestos participativos.

Según explicó, a su sector le fueron asignados 63 millones de pesos para el mantenimiento del salón comunal, que incluía arreglo de cubierta, cambio de canales, impermeabilización, estuco y adecuaciones estructurales.

“Esperábamos que la obra estuviera lista en diciembre, pero el 25 suspendieron el contrato. Lo reactivaron semanas después y hoy el salón sigue sin terminar. Levantaron el piso que estaba en buen estado, retiraron tomas eléctricas y colocaron materiales que, a juicio de la comunidad, no son de la mejor calidad”, señaló.

El presidente comunal manifestó que el cierre del salón ha generado afectaciones económicas, ya que se dejó de percibir dinero por alquiler del espacio para actividades sociales.

“Hoy no podemos hacer reuniones ni actividades. La comunidad no ve reflejada la inversión. Pedimos que se cumpla lo pactado y que no nos entreguen una obra maquillada que en pocos años vuelva a presentar daños”, agregó.

Rodríguez también expresó preocupación porque, según indicó, parte del presupuesto habría sido reducido tras descuentos administrativos, lo que afirma no se refleja en la calidad de la ejecución.

Cambios en la priorización en el barrio Libertador

En el barrio Libertador, el presidente Javier López aseguró que la comunidad había priorizado la construcción de un salón comunal con un presupuesto cercano a 309 millones de pesos.

Sin embargo, explicó que posteriormente la administración decidió fraccionar esos recursos en otros proyectos.

“Nos dijeron que esos 309 millones eran para el salón comunal, pero después los destinaron para mejoramiento de la malla vial, cámaras de seguridad y señalización. Eso generó división en la comunidad, porque el salón era nuestra principal necesidad y llevamos más de 20 años esperando ese espacio”, manifestó.

El líder comunal añadió que existe confusión sobre la fuente exacta de los recursos y la entidad ejecutora de las obras. “No sabemos con claridad si los recursos son directamente del municipio o si corresponden al contrato con Don Matías. Esa falta de información genera más dudas”, afirmó.

Seguimiento desde el Concejo

El concejal de Tunja Román Quintero indicó que ha venido realizando seguimiento al contrato 1767 y a la ejecución de los presupuestos participativos en distintos barrios.

“Hemos recibido múltiples quejas de presidentes de juntas de acción comunal que aseguran que no se han ejecutado las obras priorizadas o que les cambiaron lo que la comunidad había decidido. Eso es preocupante porque la esencia del presupuesto participativo es precisamente respetar la decisión ciudadana”, sostuvo.

Quintero señaló además que puso en conocimiento de la Contraloría General de la República la situación relacionada con el anticipo del 95 % del contrato, lo que, en su concepto, amerita revisión.

“Queremos claridad sobre la ejecución de los recursos, la idoneidad de las empresas subcontratadas y el cumplimiento de los objetos contractuales. Es un tema de transparencia y de respeto por los recursos públicos”, puntualizó.