Amnistía es un primer paso para desmontar “represión sistemática”, afirma ONG venezolana

La ONG Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) dijo este viernes que la ley de amnistía aprobada el jueves por el Parlamento es un primer paso para empezar a desmontar la “represión sistemática”, pero al mismo tiempo sostuvo que no es una buena legislación.

“Es objetable desde muchos puntos de vista. Sobre todo, en exceso restrictiva, por las amplias excepciones que, salvo lo dispuesto en el artículo 9.1 de la ley, van más allá de lo exigido por la Constitución”, señaló la organización en un comunicado publicado en su página web.

A su juicio, el artículo 7 -que establece que las personas deben presentar sus casos ante la Justicia para que se determine si se aplica la amnistía- es “indebidamente limitativo”.

Provea lamentó que algunas de las observaciones que presentó en el proceso de consultas públicas de la legislación no hayan sido incluidas, como dejar sin efecto las inhabilitaciones políticas acordadas por la Contraloría General, “por ser contrarias al derecho humano de participación política”.

La organización sostuvo que todavía queda un camino largo, necesario e impostergable, que se debe recorrer para el ejercicio del “derecho a la verdad, a una investigación transparente y expedita, a la determinación de los responsables de violaciones a derechos humanos de los perseguidos o presos por motivos políticos, a la reparación integral y, en especial, a las garantías de no repetición”.

“Existe un riesgo real de que no se desmonte el aparato represivo del Estado ni el marco normativo que le dio sustento, y que las víctimas de violaciones de derechos humanos no encuentren verdad, justicia, ni reparación”, agregó.

Igualmente, exigió a la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) que asuma un compromiso público y concreto, con plazos claros, para avanzar en la modificación o derogación de un conjunto de leyes que “afectan a la sociedad venezolana”, como Ley Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia.

La ley aprobada el jueves establece una amnistía para detenciones políticas desde 1999. Sin embargo, su aplicación se limita a casos relacionados con 13 coyunturas políticas específicas entre 2002 y 2025.

Por otra parte, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, pidió al Parlamento, al programa que promueve el diálogo político y a la comisión que busca reformar el sistema de justicia, que evalúe casos que no están contemplados en la ley aprobada para “curar heridas, reencauzar la convivencia democrática” y la justicia.