Gobierno pide levantar medidas cautelares sobre resolución que busca modificar la sabana de Bogotá
La medida frenó la resolución que busca ordenar el territorio, tras denuncias de falta de participación y riesgos en el tratamiento de agua.
Ministerio de Ambiente abrió consulta pública sobre lineamiento ambiental de la Sabana de Bogotá. Foto: MinAmbiente
El Ministerio de Ambiente apeló la decisión judicial que dejó suspendidas las Directrices Ambientales para la Sabana de Bogotá, intentando reactivar un proceso clave para proteger el agua y la naturaleza de esta región, que abastece a más de 10 millones de personas.
La ministra de Ambiente, Irene Vélez Torres, en un comunicado de prensa de la entidad aseguró que el Gobierno ha cumplido con los pasos exigidos por la justicia y por eso acudió a un recurso de apelación ante el Consejo de Estado para que revise si debe levantarse la suspensión ordenada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
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“Tenemos la certeza de haber cumplido”, afirmó la funcionaria, al insistir en que el Gobierno no renunciará a la meta de ordenar la Sabana alrededor del agua", indicó la ministra Vélez.
¿Qué son las Directrices Ambientales y por qué importan?
Las Directrices Ambientales son un conjunto de reglas y recomendaciones que busca guiar cómo debe crecer la Sabana de Bogotá alrededor del agua y los ecosistemas que la sostienen, como humedales, quebradas y zonas de recarga de aguas subterráneas.
Su objetivo es evitar un crecimiento urbano desordenado que afecte el agua potable, la agricultura y la biodiversidad de la región.
El documento propone orientar el desarrollo de más de 420.000 hectáreas en 31 municipios de la Sabana de Bogotá. Su eje central es el ordenamiento alrededor del agua: proteger ríos, quebradas, humedales, páramos y bosques andinos, y definir cómo deben crecer las ciudades sin comprometer la seguridad hídrica.
Este tipo de documento no solo es técnico, sino que define criterios que tendrían efectos prácticos en la vida diaria de millones de habitantes: desde dónde se puede construir hasta cómo proteger zonas verdes y evitar que el agua escasee o se deteriore con el tiempo.
¿Qué ocurrió?
En marzo de 2025, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspendió el trámite que permitiría adoptar oficialmente las Directrices Ambientales. La razón principal fue que, según ese tribunal, no se había demostrado que todas las entidades territoriales y autoridades ambientales hubieran sido escuchadas antes de avanzar en el proceso.
El Ministerio de Ambiente respondió que ese proceso sí incluyó espacios formales de diálogo con comunidades, instituciones y autoridades locales, y que cumplió con los pasos definidos en la ley.
Ante esa controversia, el Gobierno llevó el caso al Consejo de Estado, que en junio de 2025 evaluó la situación y decidió modificar la medida cautelar que había paralizado el trámite.
¿Qué dijo el Consejo de Estado?
El Consejo de Estado concluyó que suspender completamente el proceso sin más diálogo era una medida desproporcionada. En lugar de reiniciar todo el trámite administrativo, la Corte decidió que la Secretaría Técnica del Consejo Estratégico de la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá (CECH) debe convocar una reunión para que se discutan los efectos del proyecto de Directrices Ambientales con todos los actores involucrados: autoridades locales, sector privado, comunidades y el Gobierno.
Esto quiere decir que la discusión no se detiene, pero sí cambia de rumbo hacia un espacio de conciliación y coordinación, en vez de una paralización absoluta.
El punto de fricción y el debate político
Aunque el Consejo de Estado permitió que la conversación continúe, persisten diferentes posiciones entre autoridades y sectores interesados:
- El Gobierno insiste en que ordenar el crecimiento alrededor del agua es indispensable frente al cambio climático y la presión urbana.
- La Alcaldía de Bogotá y otras autoridades locales han expresado que quieren más coordinación y participación real antes de adoptar decisiones que afecten su territorio.
- Sectores productivos y constructores también han pedido claridad sobre el impacto de estas reglas en proyectos de infraestructura y vivienda.
Este cruce de posiciones se originó desde el momento en que el Ministerio de Ambiente abrió la consulta pública para discutir los lineamientos de ordenamiento ambiental en marzo de 2025, proceso que recibió miles de aportes pero también generó debates sobre la participación de todos los involucrados. Según el comunicado oficial, se adelantaron 165 espacios de diálogo en distintos municipios de la Sabana.
En total, se recibieron 6.500 aportes virtuales, el proyecto fue consultado más de 10.000 veces y participaron presencialmente más de 20.000 personas, entre comunidades, autoridades locales, empresarios y organizaciones ambientales.
Estas cifras muestran que el tema no es técnico ni aislado: involucra directamente a miles de ciudadanos que viven en una región donde confluyen expansión urbana, producción agrícola y ecosistemas estratégicos.
El futuro del ordenamiento ambiental
La apelación del Gobierno ante el Consejo de Estado y la decisión de este tribunal de modificar la suspensión inicial son pasos distintos en un proceso complejo que combina aspectos técnicos, legales y políticos.
El resultado de esta nueva etapa de coordinación será clave para saber cómo se protege ambientalmente la Sabana de Bogotá en los próximos años, y en última instancia, cómo se garantiza agua, vida y desarrollo para millones de personas que dependen de ella