Piden intervención de la Universidad Metropolitana tras imputación a directivo
Luis Fernando Acosta Osío fue imputado por los delitos de cohecho y tráfico de influencias
Universidad Metropolitana de Barranquilla. Foto: http://www.unimetro.edu.co(Thot)
A través de un comunicado dirigido al ministro de Educación Nacional, la vicepresidenta de la Fundación Acosta Bendeck, Ivonne Acosta Acero, solicitó la intervención administrativa inmediata de la institución y la separación de los cargos de los directivos vinculados al proceso penal que se adelanta por un presunto caso de corrupción.
La solicitud se conoce luego de que, en primicia revelada en el Reporte Coronell, se diera a conocer la imputación de cargos contra Luis Fernando Acosta Osío, presidente del Consejo Directivo de la universidad, por los delitos de tráfico de influencias y tentativa de soborno, en condición de presunto determinador.
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Durante la audiencia de imputación, la Fiscalía expuso que Acosta Osio habría evadido de manera sistemática su comparecencia ante la justicia, provocando múltiples aplazamientos desde el año 2024. Según el ente acusador, esta conducta dilatoria impidió que la diligencia judicial se realizara durante casi dos años, situación que finalmente llevó a que fuera declarado en contumacia.
Como parte de las decisiones adoptadas, el juez del caso ordenó la prohibición para vender o enajenar bienes por un periodo de seis meses, mientras avanza el proceso judicial en su contra.
Auditoría integral
En la comunicación enviada al Ministerio de Educación, Acosta Acero solicitó además la realización de una auditoría integral a la gestión académica, administrativa y financiera de la Universidad Metropolitana. Asimismo, denunció una grave omisión institucional por parte del Ministerio frente a las reiteradas denuncias presentadas desde hace varios años sobre presuntas irregularidades en el manejo de la institución.
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La vicepresidenta advirtió que la falta de acciones oportunas pone en riesgo a estudiantes, docentes y trabajadores, y reiteró que, tras los avances judiciales conocidos, corresponde ahora al Estado adoptar medidas inmediatas para garantizar la transparencia, la legalidad y la protección de la comunidad académica.
