Contraloría alerta por recorte unilateral del Gobierno de millonarios recursos para Canal del Dique
El ente de control le envió una carta al MinTransporte, MinHacienda y la ANI advirtiendo que esos contratos de concesión no permiten condicionar ni suspender los aportes de vigencias futuras de forma unilateral o se podrían generar incumplimientos contractuales y hasta millonarias demandas contra la Nación, provocando un daño fiscal.
Canal del Dique. Foto: Gobernación del Atlántico.
La Contraloría General le envió una carta al Ministerio de Transporte, al Ministerio de Hacienda y la Agencia Nacional de Infraestructura expresando su preocupación por el recorte unilateral de $ 636.850 millones de vigencias futuras para la restauración del Canal del Dique, que corresponde al 83,6% del valor total del contrato pactado para vigencia futura del 2025, mediante el decreto 1484 del 31 de diciembre de 2025.
Para el ente de control, esta decisión “amenaza con materializar los riesgos fiscales”.
Asimismo, señala que se habría incumplido lo que dice el mismo decreto en relación a que allí se señala que para la reprogramación de vigencias futuras “las entidades u órganos ejecutores deberán solicitar al Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS) la reprogramación de vigencias futuras autorizadas, cuando se requiera modificar el plazo y/o los cupos anuales de vigencias futuras autorizados, siempre y cuando ello no implique cambios al monto total autorizado por el CONFIS”.
Aunque la Contraloría reconoce que el patrimonio autónomo del proyecto tenía recursos por $ 225.438 millones de pesos, señala que se debió concertar una reprogramación de los recursos.
“Lo que no se puede compartir es que, habiendo estado siempre disponible para la AN!, la opción cierta de haberlo concertado y pactado en oportunidad con sus concesionarios, ahora, en aras de la legítima aspiración de optimizar los recursos públicos, se haya modificado una condición contractual vigente de manera unilateral y por decreto, que además podría derivar en la generación de un daño fiscal al Patrimonio del Estado, representado en intereses moratorios (DTF+10%) y remuneratorios (DTF+5%) que se generarían si esta decisión no es subsanada antes del 2 de mayo de 2026, para los primeros, y de febrero 16 de 2026, para los segundos” se lee en la advertencia del ente de control.
— Podría derivar en la generación de un daño fiscal al Patrimonio del Estado
A ello agregó que incluso el concesionario podría demandar un presunto incumplimiento contractual.
Esta alerta también la elevó la Cámara Colombiana de la Infraestructura alertando que además hubo un recorte unilateral para la vía Mulaló- Loboguerrero.
