Corte federal en EEUU falla a favor de Drummond y desestima vínculos con paramilitares en Colombia
La decisión judicial ordenó el pago de 256 millones de dólares por difamación y extorsión contra el abogado Terrence P. Collingsworth y la organización International Rights Advocates
Imagen de referencia multinacional Drummond. Foto: Colprensa.
Drummond Company salió fortalecida de un proceso clave en la justicia federal estadounidense luego de que, el 15 de enero, un jurado del Distrito Norte de Alabama rechazara de manera contundente las acusaciones que la señalaban de supuestos vínculos con grupos armados ilegales en Colombia. El veredicto no solo limpió el nombre de la compañía, sino que también declaró responsables a quienes impulsaron las denuncias por prácticas ilegales.
La decisión judicial estableció sanciones económicas por US$52 millones por afectaciones a la reputación empresarial y US$68 millones por extorsión bajo la Ley RICO, cifra que, conforme a la normativa, se triplica hasta superar los US$250 millones.
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El jurado concluyó que el abogado Terrence P. Collingsworth y la organización International Rights Advocates promovieron versiones falsas con el propósito de perjudicar la imagen y las operaciones de la minera.
Durante el juicio se acreditó que las acusaciones fueron difundidas a sabiendas de su falsedad a través de comunicaciones dirigidas a terceros y campañas públicas desplegadas en distintos países, incluyendo Estados Unidos, Colombia y varias naciones europeas.
También fueron señalados como responsables el abogado colombiano Iván Alfredo Otero Mendoza y el empresario holandés Albert van Bilderbeek. Las pruebas documentaron pagos ocultos que superaron los US$400.000 a testigos utilizados para sustentar declaraciones engañosas sobre presuntos nexos con estructuras paramilitares.
La sentencia pone fin a un largo frente judicial y redefine el panorama legal de la compañía frente a controversias que por años marcaron el debate en la región carbonífera del Cesar.
