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Exministros alertan que decisiones del Gobierno profundizan la crisis del sistema

Un grupo de 19 exfuncionarios indicaron que el Gobierno cerró el 2025 sin corregir esos rezagos históricos de la UPC.

Exministros de salud radican derecho de petición por reforma a la salud.

SALUD

En una carta firmada por 19 exministros y viceministros de Salud, los exfuncionarios alertaron por las desfinanciación del sistema de salud.

Los exfuncionarios señalaron que el año 2025 cerró con un deterioro evidente del servicio y que el inicio de 2026 llega con medidas que, lejos de corregir los problemas estructurales, incrementan la incertidumbre, el sufrimiento de los usuarios y el riesgo de colapso financiero del sistema.

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Según el documento, firmado por exministros como Jaime Arias Ramírez, Augusto Galán Sarmiento, Alejandro Gaviria y Fernando Ruíz Gómez entre otros, la crisis ha sido advertida de manera reiterada por la Corte Constitucional, la Procuraduría General, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República.

“La Corte, mediante autos emitidos en 2024 y 2025, reiteró que existe una desfinanciación estructural asociada al cálculo y ajuste de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), señalando el uso de información incompleta, el desconocimiento de la metodología actuarial vigente y el incumplimiento de órdenes judiciales orientadas a garantizar la suficiencia financiera del sistema”, indicaron los exministros.

Los exministros también cuestionaron el impacto del incremento del salario mínimo para 2026, al considerar que sus efectos sobre el sector salud no fueron incorporados de manera adecuada en los cálculos de financiación.

Recordaron que, de acuerdo con el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, esta medida aumentaría el déficit fiscal en 5,3 billones de pesos y generaría un costo adicional cercano a 4,5 billones para el sistema de salud, equivalente a cerca del 40 % de los recursos anunciados por el propio Gobierno para el incremento de la UPC.

En ese contexto, calificaron como insuficiente el aumento del 16 % de la UPC para el régimen subsidiado y del 9 % para el régimen contributivo.

A su juicio, estos ajustes están por debajo de las necesidades reales de financiación, estimadas entre 15 % y 17 % para 2026, y desconocen la orden histórica de la Corte Constitucional de cerrar la brecha entre los regímenes contributivo y subsidiado, vigente desde la sentencia T-760 de 2008.

Por último, los exministros y exviceministros hicieron un llamado a detener lo que describen como una “crisis deliberada” del sistema, respetar la Constitución y las órdenes judiciales, y avanzar en la construcción de consensos técnicos basados en la evidencia para garantizar la sostenibilidad del sistema y la protección efectiva del derecho a la salud.