Consejo Gremial pide suspender provisionalmente emergencia económica por “efectos irremediables”
El grupo de gremios alertó que con esa eventual suspensión buscan evitar consecuencias económicas adversas para el país y los colombianos.
Imagen de referencia de juez. / SimpleImages
El Consejo Gremial, que agrupa a los principales gremios del país, le envió una propuesta a la Corte Constitucional para que suspenda provisionalmente el Decreto 1390, de 22 de diciembre de 2025, mediante el cual, el Gobierno declaró el Estado de Emergencia Económica para así “evitar consecuencias económicas adversas e irremediables”.
Asimismo, le pidió que con este se suspenda el cobro de los impuestos que ya empezaron a regir como los impuestos a licores, vinos; cigarrillos y vapeadores; juegos de suerte y azar en línea; compras internacionales a partir de los 50 dólares ($ 190.000), incremento al impuesto al patrimonio, entre otros.
Pero no solo trae efectos económicos, sino que desde el punto de vista jurídico, el asunto que señala como el más grave es la “flagrante violación de los principios de separación de poderes y legalidad tributaria, así como de la reserva de ley en materia tributaria”.
Y es que para el grupo de gremios el decreto es “manifiestamente inconstitucional” pues “no satisface ni el juicio de realidad ni el juicio de sobrevivencia”.
Además, señaló que “el Decreto no supera el juicio de realidad, porque la supuesta situación fiscal grave no es producto de los hechos pretendidamente sobrevinientes que el Gobierno Nacional identifica como su causa”.
De hecho, afirmó que el único hecho sobreviniente es que el Congreso de la República no aprobó el proyecto de Ley de Financiamiento tramitado en 2025. “Sin embargo, este hecho no puede contar como un hecho sobreviniente que pueda dar lugar a una emergencia económica”, puntualizó.
Incluso, el Consejo Gremial explicó que hay mecanismos ordinarios para enfrentar el pretendido déficit fiscal. Ellos van desde un plan de ajuste del gasto público más estricto, pasan por intentos serios y constantes por obtener crédito en la banca multilateral, y van hasta la creación de un espacio de deliberación democrática más profundo, entre el Gobierno y el Congreso, para que, de justificarse, este último cree algunos nuevos impuestos que permitan aumentar el recaudo fiscal sin crear graves detrimentos para los actores económicos.