Tribunal Administrativo de Boyacá decreta pérdida de investidura de concejal de Cuitiva
El Tribunal determinó que el cabildante actuó con dolo al ejercer como concejal y abogado al mismo tiempo, vulnerando el régimen de incompatibilidades.
El personero Fabio Araque denunció amenazas tras el fallo y pidió medidas urgentes de protección para los personeros municipales.
Cuitiva
El Tribunal Administrativo de Boyacá decretó la pérdida de investidura del concejal de Cuitiva José Antonio Cepeda, tras fallar a favor de una demanda presentada por la Personería Municipal, al establecer que el cabildante incurrió en una grave violación al régimen de incompatibilidades al ejercer de manera simultánea su cargo público y su profesión como abogado.
El personero de Cuitiva, Fabio Araque, explicó que la acción judicial se interpuso con el fin de garantizar el respeto por los principios que rigen la función pública. “Desde la Personería actuamos para proteger la integridad, la imparcialidad y la independencia, pilares fundamentales del ejercicio de los cargos de elección popular en Colombia”, aseguró.
Según la sentencia, el concejal, quien es abogado de profesión, intervino como apoderado ante la Inspección de Policía del municipio mientras ejercía funciones como concejal, conducta que contraviene lo establecido en el artículo 45 de la Ley 136 de 1994. El Tribunal determinó que esta actuación vulneró de manera directa el régimen de incompatibilidades y concluyó que el cabildante actuó con dolo.
Araque señaló que dentro del proceso también se analizó una segunda causal relacionada con el cobro del auxilio de transporte, pese a que el concejal residía en un municipio distinto a aquel donde ejercía el cargo. La normativa vigente establece que este beneficio aplica exclusivamente para concejales que residan en el mismo municipio, especialmente en zonas rurales. Sin embargo, el Tribunal no se pronunció de fondo sobre esta causal, al considerar que la primera era suficiente para decretar la pérdida de investidura.
El personero aclaró que la decisión judicial se encuentra en primera instancia, por lo que el concejal aún puede interponer recurso de apelación ante el Consejo de Estado, que será el encargado de definir en segunda instancia si confirma o revoca el fallo emitido por el Tribunal Administrativo de Boyacá.
De manera paralela, Fabio Araque denunció que, a raíz de este proceso, ha sido víctima de amenazas y actos de intimidación. De acuerdo con el funcionario, familiares del concejal acudieron a las instalaciones de la Personería para intimidarlo, y posteriormente el propio cabildante lo habría amenazado públicamente durante sesiones del Concejo Municipal, hechos que quedaron registrados en actas y material audiovisual.
“Estas amenazas se han presentado como consecuencia directa del ejercicio de mis funciones de control, vigilancia administrativa y defensa de los derechos humanos”, afirmó Araque, quien agregó que las situaciones de riesgo ya fueron puestas en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación y de la Unidad Nacional de Protección (UNP).
El personero hizo un llamado al Gobierno Nacional, a la UNP, a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría General de la Nación para que se adopten medidas urgentes que garanticen su seguridad y la de otros personeros municipales en el país. “Los personeros somos la principal representación del Ministerio Público en los territorios y, en muchos casos, la única puerta de acceso de la ciudadanía para la protección de sus derechos fundamentales”, concluyó.