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Se incrementan las denuncias por posible venta de Llano Grande

El predio tiene un pasado judicial, ya que perteneció a un reconocido narcotraficante, al que le fue incautado por La Sociedad de Activos Especiales (SAE), y luego lo vendió a la Gobernación de Antioquia.

Ante recientes denuncias en sus redes sociales del expresidente Álvaro Uribe contra el gobernador de Antioquia, por el uso indebido que le estaría dando a los predios más emblemáticos de la región de Rionegro, presuntamente favoreciendo intereses políticos y económicos particulares, comenzaron a salir otras alertas en la misma dirección, qué apuntan a la famosa Hostería “Llano Grande”.

Ha tomado fuerza en el departamento, que el gobernador Andrés Rendón estaría haciendo consultas para venderlo a un grupo de poderosos empresarios.

Dicen las mismas denuncias, que el poder del Gobernador sobre dicho predio es tal, que incluso ordenó que las canchas de entrenamiento deportivo del inmueble le fueran entregadas a un club de fútbol, en el que entrena uno de sus hijos, lo que podría constituir un claro conflicto de intereses.

El predio tiene un pasado judicial, ya que perteneció a un reconocido narcotraficante, al que le fue incautado por La Sociedad de Activos Especiales (SAE), y luego lo vendió a la Gobernación de Antioquia, con la condición expresa de destinarlo a una clínica de rehabilitación para drogadictos, como un acto de reparación social y símbolo de transformación de un bien ilícito en un espacio de beneficio público.

Sin embargo, las denuncias ciudadanas alertan que hoy día se cobran altas mensualidades a sus afiliados, por el uso de sus canchas e instalaciones para actividades lucrativas.

La suma de estos episodios —tasa de seguridad sin control, contratos investigados, oposición al proyecto metropolitano y uso indebido de bienes con origen ilícito— revela una preocupante desviación de los principios de transparencia, equidad y función social del Estado.

Alertados por las denuncias hechas por el expresidente Uribe, veedores ciudadanos trabajan en un Derecho de Petición, para que la SAE explique si los incumplimientos al debido uso social que se le debe dar a estos predios, podría generar una intervención oficial.