Uscátegui pide a McNamara abrir debate sobre Convención Internacional contra el Mercenarismo
El proyecto de ley que busca ratificar la Convención Internacional contra el Reclutamiento, Uso, Financiamiento y Entrenamiento de Mercenarios esta por surtir su segundo debate en la plenaria de la Cámara.
José Jaime Uscátegui. Foto: Cámara de Representantes
Colombia
Desde el Centro Democrático enviaron una carta al encargado de negocios de Estados Unidos en Colombia, John McNamara, manifestando su preocupación por la posible ratificación de la Convención Internacional contra el Reclutamiento, Uso, Financiamiento y Entrenamiento de Mercenarios.
La misiva fue enviada por el representante a la Cámara José Jaime Uscátegui, quien pidió a McNamara que se “realice un análisis minucioso, técnico y transparente que aclare las verdaderas implicaciones de una posible ratificación por parte de Colombia”, pues señaló que considera que la intención de este convención es bloquear la ayuda militar que Estados Unidos le brinda a Colombia.
Uscátegui explicó que su inquietud frente al tratado se debe a la definición “ambigua y restrictiva del término mercenario”, que asegura exige el cumplimiento simultáneo de múltiples criterios incluyendo una motivación económica esencial, estatus extranjero, no afiliación a fuerzas armadas legítimas y ausencia de mandato estatal.
“Tal ambigüedad ha generado dudas respecto a la eficacia práctica de la Convención y aumenta el riesgo de interpretaciones extensivas que podrían confundir formas legítimas de cooperación militar, policial, contractual o técnica”.
El representante cuestionó además la decisión del Gobierno Nacional de enviar mensaje de urgencia al trámite de esta iniciativa en el legislativo, que está por surtir su segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes.
“Me inquieta que esta iniciativa pueda, inadvertidamente, servir como un instrumento para restringir o socavar la prolongada cooperación militar y asistencia que han brindado los Estados Unidos a Colombia”.
Agregó el congresista que “garantizar claridad conceptual frente a este asunto es clave para evitar la criminalización de esfuerzos legítimos de cooperación internacional y salvaguardar la seguridad jurídica de las misiones”.